El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos celebra la ratificación de la reforma constitucional y considera que la historia reciente de estos pueblos en El Salvador ha estado marcada por actos de persecución, represión, e incluso etnocidio, con las consecuencias graves que generó en materia de ocultamiento de la identidad, discriminación, exclusión, e incluso de «folclorización» .
El licenciado David Ernesto Morales Cruz, ha realizado este comunicado (que puede leer íntegro aquí) tomando en consideración el dictamen favorable emitido el pasado 9 de junio, por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Honorable Asamblea Legislativa, en el sentido de ratificar el Acuerdo de Reforma Constitucional aprobado el 25 de abril de 2012. Mediante este acuerdo se agrega un inciso segundo al artículo 63 de la Constitución, con el propósito de reconocer de manera expresa la existencia de los pueblos indígenas, y la adopción de políticas dirigidas a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad, expresa lo siguiente:
«El reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador es sin lugar a dudas una deuda que el Estado debió cumplir desde hace mucho tiempo con esta población» ha expresado el Procurador. En su opinión el trato que hasta ahora habían recibido no corresponde con el estándar de igualdad que «una sociedad pluriétnica y multicultural, como la salvadoreña», debe asegurar.
Por eso, recordó que Comité para la Eliminación de la Discriminación Racialde las Naciones Unidas (CERD)1, yel Relator Especial de Naciones Unidas paralos Pueblos Indígenas, Sr.James Anaya2, recomendaron al Estado salvadoreño reconocer la existencia delos pueblos indígenas de El Salvador.
En el comunicado emitido, el Procurador explica que, con relación a los pueblos indígenas, el artículo 3 de la Constitución, -que contiene el principio de igualdad y la proscripción de toda forma de discriminación-, «presenta grandes desafíos, lo cual requiere importantes esfuerzos estatales en materia de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas diseñadas con un método participativo, sustentadas en un enfoque de derechos humanos y con un propósito de inclusión, utilizando medidas de acción afirmativa si fuere el caso, y en las que prevalezcan la rendición de cuentas y la transparencia».
En este sentido puntualizó que para prosperar en el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, «y en el goce y ejercicio de los mismos sin discriminación, es necesario avanzar en una discusión profesional y técnica, ecuánime y balanceada en términos jurídicos, sobre la importancia de reconocer algunas fuentes internacionales que contribuyen a esos mismos propósitos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Interamericana contra el Racismo, y la Convención Interamericana contra la Discriminación y las Formas Conexas de Intolerancia».
Además de palabras, el Ombudsman de El Salvador anunció que pone a disposición de de todas las instancias estatales, y de los grupos de la sociedad civil interesados en la temática, «las capacidades técnicas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como la experticia acumulada a lo largo de los años en el análisis, aplicación y seguimiento de los estándares internacionales de derechos humanos».
Por último, incidió en que la ratificación de la reforma constitucional puede generar las condiciones ideales para iniciar la discusión que culmine en una «Ley Especial de Reconocimiento, Respeto y Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas». Una ley «que permita concreciones necesarias sobre los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos de los pueblos indígenas».
Por el avance que esto supone, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, «felicita a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales por dictaminar favorablemente respecto de la reforma constitucional mencionada y hace un vehemente llamado al Honorable Pleno Legislativo a construir los acuerdos políticos necesarios para proceder a la ratificación de dicha reforma constitucional, permitiendo de esa manera que el Estado salvadoreño dé un valioso salto en la calidad de su democracia».
FUENTE: Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador