La Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir del 22 de diciembre de 1993, mediante la resolución A/RES/47/193, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales Cruz, en el marco de esta conmemoración, reitera su posición emitida el pasado 29 de noviembre de 2013, en la cual reconoció que el agua es esencial para la vida, la salud, la alimentación y para vivir en condiciones dignas; el Procurador externa, de nueva cuenta, su enorme preocupación por la crítica situación de los bienes hídricos en El Salvador, en relación a los altos índices de contaminación del vital líquido y la escasez del mismo.
De acuerdo a la información oficial, El Salvador es el país que presenta la más baja disponibilidad de agua a nivel de Latinoamérica y el Caribe. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), señala que en los últimos años las aguas superficiales y subterráneas han sufrido un marcado deterioro por la contaminación y sobreexplotación y las últimas evaluaciones presentadas sobre la calidad de agua han reflejado que la mayoría de lo ríos poseen aguas de calidad mala a regular. Tal escenario se agrava por los efectos del cambio climático[1], el uso desmedido de agroquímicos, así como por la amenaza de proyectos de explotación de minería metálica.
El Procurador advierte que de no diseñarse políticas públicas participativas encaminadas a la protección y conservación de los bienes hídricos, que contribuyan a hacer posible su sostenibilidad, se desencadenarán mayores afectaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña, no sólo de aquellas comunidades que ya viven en situaciones de vulnerabilidad, partiendo que poseemos la más alta tasa de población bajo riesgo (95.4%, según datos de UNDAC/OCHA/2010), tales afectaciones serían extensivas a todas las personas que habitan el territorio nacional.
Es por ello que se debe motivar a la toma de medidas urgentes, las cuales no se orienten únicamente a reconocer los daños causados a los acuíferos y que dan soluciones inmediatas, pero insostenibles a largo plazo; más bien, se deben dirigir a la toma de acciones firmes encaminadas a asegurar la disponibilidad, la calidad y la sostenibilidad del agua para todas las personas, sin discriminación y basadas en el principio de equidad intergeneracional.
El Procurador considera que este día es oportuno para remarcar que una de las obligaciones del Estado salvadoreño es emprender todas las acciones a su alcance para abordar y resolver los retos de sostenibilidad en materia hídrica del país y coordinar las de tipo transfronterizo, como uno de los caminos para hacer frente a tiempos de crisis en materia ambiental y climática que ya han sido anunciados.
Además, se une a la exigencia de las organizaciones sociales salvadoreñas que hoy renuevan su demanda legislativa por la pronta ratificación de la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, que reconocería a los derechos al agua y a la alimentación adecuada como derechos humanos fundamentales, complementando su protección y desarrollo con leyes secundarias en la materia, así como una ley que prohíba la minería metálica y la utilización e importación de agroquímicos, deudas que aún se encuentran pendientes en el seno legislativo.
Finalmente, el Procurador retoma esta fecha como un compromiso con las necesidades de la población salvadoreña en relación al derecho humano al agua e insta a todas las instituciones públicas con competencia en materia hídrica a unir esfuerzos por la garantía, respeto y protección de este vital derecho, en coordinación con las organizaciones sociales que luchan por el reconocimiento y desarrollo del mismo.
San Salvador, 20 de marzo de 2014.
Lic. David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
«Si se mantienen las previsiones sobre cambio climático, para el 2030 casi la mitad de la población mundial vivirá en zonas donde la presión de los recursos hídricos será muy elevada». Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Alburquerque, A/HRC/24/44, párr. 5
FUENTE: Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador