El Ombudsman recuerda que la Comisión de la Verdad -que también solició el desmantelamiento de estos monumentos públicos-, conformada en 2007, concluyó que durante el Gobierno del mandatario se cometieron delitos de lesa humanidad, en los que se vieron afectadas 311 víctimas.
Frente a la decisión tomada por el Municipio de Guayaquil de insistir en la instalación del Monumento al Ing. León Febres Cordero, esta vez en las calles Sucre y el malecón Simón Bolívar, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, reitera ha reiterado su rechazo.
La Institución ha recuerdado que la Comisión de la Verdad, conformada en 2007 para investigar graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1984 y 2008, avanzó en el esclarecimiento de los hechos de su competencia, los cuales se encuentran en conocimiento de las autoridades del sistema de justicia.
Según dicha comisión, por los patrones de generalidad y sistematicidad de los ataques en contra de grupos de población civil, realizados con conocimiento de las autoridades de turno, durante el gobierno del Ing. León Febres Cordero se cometieron delitos de Lesa Humanidad que involucran al 68% de las víctimas señaladas en el informe; es decir, 311 personas.
Por eso, la Defensoría ha explicado en que, entre las 164 recomendaciones realizadas por la Comisión de la Verdad en su Informe Final Sin Verdad no hay Justicia, se estableció «instar al Gobierno central y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que desmantelen monumentos públicos y eliminen nombres de lugares públicos, incluyendo centros educativos, de personas responsables de violaciones de derechos humanos. Para tal efecto se deberán promover las reformas legales o medidas administrativas pertinentes por parte del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados».
El Ombudsman ha incidido en que las víctimas de tortura, violencia sexual o privación ilegal de la libertad «enfrentan graves secuelas en su salud, en su inserción social, laboral y familiar», producto de las graves violaciones en su contra, «sufrimiento extensivo a los familiares de quienes fueron ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos forzadamente, por lo que el Estado ecuatoriano ha comprometido sus esfuerzos para que estas personas logren superar dichas consecuencias».
Debido a esto, entre otras medidas, el 13 de diciembre de 2013, se publicó la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, mediante la cual se crea el Programa Integral de Reparación a Víctimas por vía administrativa, a cargo de la Defensoría del Pueblo, que se convertirá en un mecanismo efectivo que permita dignificar a las víctimas de estos graves delitos.
«El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación son tres facetas complementarias e indisolubles tanto para las víctimas como para toda la sociedad, por lo que, develar la verdad sin el reconocimiento de todos los actores sociales podría constituirse en una forma más de vulneración y revictimización», ha afirmado Rivadeneira.
Por estos motivos, la Defensoría del Pueblo considera que el acatamiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión de la Verdad es «indispensable para la reparación integral de las víctimas de tales violaciones y para garantizar la no repetición de los hechos, aportando con ello a la democratización de la sociedad y al respeto de la dignidad humana, tal como lo establece nuestra Constitución».
En ese mismo sentido, ha asegurado que «sin perjuicio de iniciar las acciones legales que correspondan», exhorta a toda autoridad pública, «y en particular al Municipio de Guayaquil, para que en aras de relevar la memoria histórica de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y proyectar procesos de reconciliación nacional, se inhiban de colocar bustos, monumentos y/o realizar homenajes a cualquier persona que haya sido identificada por atentar y vulnerar Derechos Humanos».
FUENTTE: Defensoría del Pueblo de Ecuador