«Lo que la democracia liberal hizo fue reducir la democracia a un espacio público, a su vez reducido al espacio del Estado, y este pequeño espacio democrático coexiste con un archipiélago de despotismos: en las familias, en las fábricas, en las calles, en las comunidades, en los medios. De modo que la lucha…., tal y como la entiendo hoy, es una lucha por una democracia radical. Hay que democratizar la familia, las comunidades, las fábricas, los mercados, las instituciones en general […] «
Boaventura De Sousa Santos
Con profundo compromiso con el presente y el futuro, las ecuatorianas y ecuatorianos, en el año 2008, decidimos construir un modelo de convivencia que respete y aprecie la dignidad de las personas y colectividades, en las esferas económicas, sociales, culturales y simbólicas. En esa línea, la Constitución de la República determina como deber primordial del Estado ecuatoriano, la garantía de derechos fundamentales, así como el derecho a una cultura de paz y a vivir en una sociedad democrática.
La igualdad de los seres humanos es su verdadera libertad. Por ello, la Defensoría del Pueblo -teniendo como norte la normativa constitucional- ha asumido como eje estratégico la lucha contra la discriminación y contra la violencia que produce la discriminación, desafío que asume la Institución Nacional de Derechos Humanos para trabajarlo sistemáticamente, de manera sostenida en el tiempo, en favor de todos los grupos de atención prioritaria, así como de aquellos que siguen teniendo condiciones desfavorables específicas que los ponen en condiciones de vulnerabilidad. Este es el caso de los colectivos GLBTI, por lo que, es menester que el Estado continúe fortaleciendo su accionar hacia este colectivo, especialmente en los ámbitos laborales, educativos y de salud mediante acciones afirmativas incluyentes, hasta que el país se encuentre preparado para convivir de manera armónica y solidaria con ellos y ellas.
Pese a los diversos avances, los retos son innumerables, en tanto la discriminación comprende un problema de orden estructural, que se encuentra presente en todos los ámbitos de la convivencia. Son necesarios los consensos entre el Estado y los grupos sociales, para converger en alternativas que propicien relaciones sociales interculturales y diversas, mediante el respeto y garantía de los derechos fundamentales. Por ello, valoramos los espacios de diálogo que se han abierto gracias a la participación de la comunidad GLBTI y las diferentes autoridades del Estado ecuatoriano, con el fin de llevar adelante mecanismos para favorecer el cumplimiento de los derechos de este colectivo, históricamente segregado y excluido en la sociedad.
Uno de los temas fundamentales para la garantía del derecho de las personas y también de su seguridad jurídica y patrimonial, que ha significado una lucha permanente por parte de la Defensoría del Pueblo y los colectivos GLBTI, es la inscripción de las uniones de hecho en el Registro Civil, tanto entre parejas heterosexuales como homosexuales, decisión asumida por parte del señor Presidente de la República de Ecuador, en la reunión que por su invitación sostuvo en el Palacio Presidencial con varios activistas GLBTI y autoridades del Estado, en consecuencia la Defensoría del Pueblo reconoce este significativo avance, mismo que deberá complementarse con la reforma normativa correspondiente para que la unión de hecho sea reconocida como un estado civil de manera legal.
Sabemos que aún falta por hacer, pero estamos convencidos que solamente podremos avanzar con el esfuerzo conjunto y coordinado entre la sociedad civil y el Estado, por lo que queremos expresar el compromiso inquebrantable de la Defensoría del Pueblo de continuar acompañando los procesos constructivos de promoción y protección de los derechos de las personas en situación de desigualdad y vulnerabilidad, en este caso, de los colectivos GLBTI.
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador