La Defensoría del Pueblo del Ecuador –dpe- presentó un reclamo previo administrativo al ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor; ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga; ministra de Justicia, Johana Pesántez; y ministra de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, María Fernanda Espinoza, pidiendo que en 40 días se remita a la dpe los motivos por los cuales se está permitiendo la licitación del campo Armadillo, en la provincia de Orellana, donde se encuentran los pueblos libres en aislamiento voluntario.
Patricio Benalcázar, director de protección de Derechos Humanos y de la naturaleza de la dpe, señaló que en esto caso se está incumpliendo las medidas dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2006 otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Taggaeri y Taromenani, presuntamente perpetrado por personas que se dedicaban a la tala ilegal de madera en el sector.
Dentro de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH se solicita al Estado ecuatoriano que adopte medidas efectivas para proteger la vida de esos pueblos y en especial se adopte medidas para proteger el territorio donde habitan, incluyendo las acciones requeridas para impedir el ingreso de terceros.
En diciembre de 2008, el Ministro del Ambiente, mediante oficio No. 10537-08-DMA, remitido al entonces Ministerio de Minas y Petróleos, solicita la suspensión de los trabajos en Armadillo por considerarse “que esta zona es frágil y vulnerable por tener evidencia de asentamientos de pueblos en aislamiento libre y voluntario”.
En mayo de 2010, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos asumió la responsabilidad del Plan Medidas Cautelares (PMC), mediante el cual se busca dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Ecuador en relación a las medidas dispuestas por la CIDH, a favor de los pueblos libres en aislamiento voluntario, conocidos también como “pueblos no contactados”.
Sin embargo, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables llamó a licitación el ampo Armadillo; la dpe considera que las actividades extractivitas en el sector contravienen las medidas dispuestas por la CIDH. Benalcázar señaló que de esta manera “se está poniendo en peligro la vida e integridad de pueblos en asilamiento voluntario que ya han sido contactados”.
“Estos contactos pueden atentar contra la vida de los pueblos en aislaminto voluntario e incluso contra la vida de los empleados de la empresa que obtenga la licitación, ya que se pueden producir enfrentamientos” acotó Benalcázar. “La Defensoría del Pueblo espera que estas carteras de Estado dispongan la suspensión inmediata de la licitación del campo Armadillo como lo dispone la Comisión Interamericana», concluyó el funcionario.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Ecuador