El Defensor del Pueblo de Ecuador, interpuso este 27 de octubre de 2017, dos amicus curiae en la Corte Constitucional en los que presentó un análisis sobre las preguntas de la Consulta Popular, referentes a reducir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la no prescripción de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, respectivamente. El objetivo de esta acción es tutelar los derechos de dos grupos de atención prioritaria: niñez y pueblos indígenas.
El titular de la Defensoría del Pueblo rescata que el principio fundamental de la pregunta en materia ambiental es la efectiva protección de los derechos de la naturaleza; pero señala la falta claridad en cuanto al alcance del derecho a la seguridad jurídica. En tal virtud, se sugiere establecer garantías de aplicación de estándares de máximos ambientales para la protección de la naturaleza.
Asimismo, solicita especificar los criterios por los que se procederá a la ampliación de la zona intangible, la ubicación de las 300 hectáreas de área de explotación petrolera y los criterios de dicha decisión.
Considera que ésta pregunta debe considerar los estándares de aplicación de principios de prevención, sustentabilidad, desarrollo respetuoso de la diversidad cultural y conservación de la biodiversidad. Además, deben adoptarse políticas y medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos.
Otro aspecto importante que aborda acerca de esta pregunta es el derecho a la consulta previa de los pueblos y nacionalidades indígenas que están en la zona de amortiguamiento, pues hay que garantizar su protección y participación. De la misma forma, evoca a la obligación del Estado de paralizar cualquier actividad extractiva que afecte a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (Tagaeri – Taromenane).
Respecto a la pregunta sobre delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, el Defensor del Pueblo hace una reflexión profunda en la que plantea que el Estado debe contar con un sistema integral de protección y restitución de derechos, que ponga especial interés en los grupos de atención prioritaria.
“Creemos importante que para acompañar una enmienda constitucional que busca mejorar los estándares de protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra su integridad sexual y reproductiva, es necesario también plantearse cómo debe ser la respuesta estatal para la protección y restitución de derechos de manera efectiva e integral”, explica parte del amicus.
El documento hace referencia al Proyecto de Ley del Sistema de Promoción y Protección de Derechos presentado por la Defensoría del Pueblo en 2015 a la Asamblea Nacional que aun no ha sido tratado y que busca articular a todos los organismos del Estado en el marco de sus competencias legales y constitucionales para dar una efectiva respuesta estatal ante la vulneración de derechos.
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¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según Anexo 4?
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¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
Descargue el amicus curiae presentado a la Corte Constitucional sobre Yasuní AQUÍ
Descargue el amicus curiae presentado a la Corte Constitucional sobre delitos sexuales AQUÍ