A propósito de la sentencia emitida por el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, que declaró inocente al militar acusado de delito de odio racial, en el caso de Michael Arce, ex cadete de la Escuela Militar Eloy Alfaro; la Defensoría del Pueblo considera necesario realizar algunas reflexiones, para recordar principios y valores relativos a la eliminación de toda forma de discriminación:
Numerosos instrumentos internacionales como la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración sobre las formas de discriminación contra la Mujer, Principios de Yogyakarta y otros, coinciden en definir el fenómeno de la discriminación, como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, origen nacional, étnico, género, etc.; que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.
Dicho principio se encuentra incorporado en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución ecuatoriana vigente, con un avance sustancial: la calidad de garantía constitucional y política de Estado, del principio de igualdad y no discriminación, que subordina a las instituciones públicas y a los particulares, al respeto y garantía de los derechos de las personas en situación de desigualdad, en la esfera pública y privada.
Este avance constitucional, convertido en referente latinoamericano, corresponde a las conquistas sociales que han orientado el camino hacia la inclusión y la convivencia, como las únicas vías para lograr democracia real, reivindicando que todas las personas somos parte de la gran familia humana y que nadie es superior o inferior a otro.
Por tanto, la práctica de creencias racistas, sexistas, homofóbicas, xenofóbicas y otras similares, dentro de las instituciones públicas y el sector privado, resultan peligrosas porque naturalizan la exclusión y discriminación, haciéndolas parte de la convivencia diaria, sin considerar que afectan la dignidad y el proyecto de vida de las personas.
En esa línea, lamentamos la situación que debió vivir Michael Arce, ex cadete de la Escuela Militar Eloy Alfaro, víctima de discriminación por parte de un miembro de las Fuerzas Armadas; quien no pudo cumplir su sueño de ser el primer General afroecuatoriano.
Nos preocupa también el caso de la mujer trans, quien ha denunciado discriminación laboral por razones de identidad de género por parte de una empresa privada que presta servicios de alimentación, o el caso del niño con Síndrome de Down, que en su momento no pudo acceder al seguro de salud ofrecido por varias empresas privadas, por ser una persona con discapacidad; así como otros que hemos detectado como actos discriminatorios ocurridos tanto en instituciones públicas como privadas en el país.
Estos hechos no deben ocurrir en un Estado constitucional de derechos y justicia como es Ecuador.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos, hace un llamado a las instituciones democráticas y a los particulares, para que se implementen mecanismos internos, tendientes a erradicar la discriminación y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Es el momento de la igualdad real. Promovamos una convivencia individual y social que supere todas las formas de discriminación, superemos los prejuicios y actitudes que vivifican la injusticia; y, construyamos, de forma colectiva, una realidad diferente, intercultural, diversa y solidaria, condición necesaria en el camino a la libertad real y el goce de los derechos con dignidad.
RAMIRO RIVADENEIRA SILVA
DEFENSOR DEL PUEBLO
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador