El Dr. Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo de Ecuador, compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios e Interculturalidad de la Asamblea Nacional, este 10 de junio de 2019, donde presentó un detallado informe de verificación de Derechos Humanos sobre la situación de trabajadores y familias que viven en las haciendas de abacá de la empresa japonesa Furukawa y que habrían sido expuestos a condiciones de vulneración de sus derechos.
En octubre de 2018 la Defensoría del Pueblo recibió a una delegación de 40 trabajadores agrícolas que habrían sido despedidos por la empresa Furukawa Plantaciones, a lo cual la entidad inició una investigación de los casos denunciados por los trabajadores y realizó la respectiva verificación con la visita a 11 campamentos de la empresa; conjuntamente con otros ministerios como el de Trabajo, Mies, Salud, Interior, y entidades como la Secretaría de Gestión de la Política, Registro Civil y Policía Nacional.
En el informe se detalla la verificación del Ministerio de Trabajo sobre una simulada relación laboral con la empresa Furukawa, a través del arrendamiento de tierras sembradas de fibra de abacá. Al parecer, de acuerdo a los testimonios recogidos de los afectados, a cambio del arrendamiento de tierra, estos debían pagar un valor por hectárea a la empresa y otro rubro adicional dependiendo de la cantidad de fibra producida, misma que estaban obligados a entregar a Furukawa.
Lo que el Ministerio de Trabajo denominó como “maniobra patronal” de la empresa Furukawa, es la evidencia de que esta violó los derechos laborales reconocidos en el artículo 33 de la Constitución, de trabajadores y sus familias que han extraído la fibra de abacá durante décadas.
En el informe de la Defensoría del Pueblo también consta la verificación de otras condiciones de vulneración de derechos a la vivienda digna, a la educación, a la salud, e incluso, a la identidad. Los trabajadores y sus familias que no cuentan con servicios básicos, beben agua contaminada, viven en campamentos inseguros e insalubres, hay niños, niñas y adolescentes que trabajan y no tienen acceso a la educación, hay trabajadores que padecen enfermedades que no son tratadas adecuadamente y también viven personas con discapacidad, sin atención oportuna.
El Defensor del Pueblo manifestó que el informe presenta datos alarmantes que deben ser considerados porque evidencian la violación de los derechos humanos de los trabajadores y sus familias. Un total de 70 personas no tiene ningún dato del registro civil, es decir, el 30% del total de la población de las haciendas visitadas. De esas personas no registradas, 59 son niños y niñas, 3 son mujeres y 8 hombres.
“Estamos hablando de vulneraciones de derechos a familias enteras, precarizando las relaciones laborales y afectando la dignidad humana, porque vivían en condiciones de lo que podríamos llamar servidumbre de gleba”, enfatizó durante su comparecencia el Dr. Freddy Carrión Intriago.
La Defensoría del Pueblo continuará vigilante frente a este caso de vulneración de derechos humanos, ya que si bien algunas instituciones públicas han atendido necesidades puntuales de los afectados, “es preciso cambiar y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias y reparar desde lo estructural la grave violación de sus derechos”, concluyó el Dr. Carrión Intriago.