«Es necesario mirar la experiencia colombiana y los logros alcanzados por su Corte Constitucional como una muestra de los retos que aún enfrentan los tribunales en nuestro país, particularmente en lo relativo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación», expresó Ricardo Alberto Ortega Soriano, Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Al comentar la presentación editorial ¿Todos a la escuela? Retos de la gratuidad en la educación pública en Colombia Sentencia c-376 de 2010, Ricardo Ortega se pronunció por normalizar un enfoque de derechos humanos a partir de la Reforma Constitucional de 2011 y dejar atrás el momento inicial de su implementación.
En razón de ello, experiencias como la que se recuperan en el caso colombiano sobre gratuidad en la educación, nos recuerdan la importancia de transformar un problema de orden social en un tema de derechos humanos que, como en el caso de Colombia, requiere además de personas comprometidas, que cuenten con un bagaje teórico y compromiso político con los derechos humanos. «El texto de Camilo Ernesto Castillo Sánchez y Esteban Hoyos Ceballos (compiladores) refleja la posibilidad para transformar una problemática social, en un problema de derechos humanos», insistió Ortega Soriano.
En Colombia, la Corte, al menos en términos argumentativos, agregó, «es un Tribunal Constitucional comprometido con los derechos fundamentales, que aunado a la participación activa de los actores vinculados con la defensa de los derechos humanos permite que una construcción estructurada de un problema público, como la gratuidad de la educación, constituyan una excelente mezcla que produce resultados tan interesantes, como el reconocimiento a nivel constitucional de este derecho.
Al respecto, Camilo Ernesto Castillo Sánchez, coordinador del libro y promovente del caso ante la Corte Colombiana, así como las especialistas en Derecho Constitucional en su país, Ethel Nataly Castellanos y Tatiana Alfonso, coincidieron en señalar la concurrencia de los instrumentos e interpretaciones autorizadas en materia de derechos humanos que posibilitaron una sentencia como la c-376 de 2010.
Señalaron que tanto el concurso de los compromisos y las herramientas adoptadas por el Estado mexicano respecto del Sistema Universal, del Sistema Interamericano, así como de Observaciones Generales, como en el caso colombiano, posibilitan la adopción de la figura del Bloque Constitucional en materia de derechos humanos, así como de la utilización de la figura del Amparo para su exigibilidad.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México