Entrevista al maestro Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México
«Hay que transformar las voluntades políticas en políticas públicas»
De profesión sociólogo, el funcionario relata los principales ejes de la gestión que encabeza desde octubre de 2001, y asegura que “los compromisos internacionales en materia de derechos humanos no son debidamente tomados como política de Estado en numerosas dependencias gubernamentales y ésa es una deuda que debemos comenzar a saldar”.
¿Cuáles son las quejas más frecuentes que recibe la comisión?
El 80% de los reclamos presentados por los ciudadanos en el último año se relaciona con el funcionamiento ineficiente del sistema judicial. Recibimos más denuncias contra el ministerio público que contra la policía, porque la justicia no ampara a la gente como debiera. El segundo gran tema que nos ocupa es la superpoblación de los reclusorios locales. Producto del populismo punitivo imperante -que propone el incremento de las penas como solución para todos los problemas-, en los últimos años la legislación se modificó para agravar los delitos de robo y disminuir los beneficios de la ley, lo que disparó el abuso de la pena privativa. Como consecuencia de esta tendencia, el Distrito Federal tiene el triste privilegio de poseer, probablemente, los dos penales más poblados de América Latina: los reclusorios Norte y Oriente. Diseñados originalmente para albergar a 2.500 presos, en la actualidad permanecen allí más de 11 mil. Así, bajo el principio “epistemológico” de más agua para los frijoles, miles de ciudadanos viven en condiciones de total hacinamiento. Finalmente, la tercera cuestión que más demandas ha generado es el fenómeno de las detenciones arbitrarias de la policía, porque parte de la política pública de seguridad vigente ha sido obligar a todos los agentes a que cumplan una cuota de detenciones levantando de manera indiscriminada chavos, muchachos de bajos ingresos, indigentes o simplemente personas que pasaban por ahí.
Más allá de los reclamos ciudadanos, ¿cuáles considera que han sido los ejes de su gestión?
Creo que lo más valioso que hemos promovido es el desarrollo de políticas públicas de derechos humanos. El derecho a no ser discriminado, sobre el cual habíamos recibido muy pocas quejas, mereció un tratamiento especial a través del cual buscamos darle mayor visibilidad, para sensibilizar a toda la población acerca del maltrato que cotidianamente sufren grupos como los pueblos indígenas, la población en situación de calle, los migrantes y los adultos mayores. Las comisiones de derechos humanos de este país son muy defensocéntricas y nosotros intentamos darle a nuestra institución un perfil más integral focalizándonos en la promoción y difusión de las garantías ciudadanas, porque para ejercer los derechos primero hay que conocerlos. Por eso organizamos la campaña Tú tienes derechos, de amplia repercusión entre toda la población, y gracias a nuestro programa de responsabilidad social las 15 agencias de publicidad más importantes del país están realizando dos videos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos para divulgar en las escuelas. Esta presencia pública constante de la comisión ha permitido que los ciudadanos conozcan más y mejor nuestras atribuciones y se acerquen con mayor frecuencia a la institución.
¿En qué consiste el proyecto La Casa del Árbol?
Es un espacio lúdico educativo que funciona desde 1996 y en donde niños y niñas de entre 8 y 15 años aprenden de manera práctica y sencilla los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Todas las acciones educativas que se despliegan allí están encaminadas a posibilitar la construcción de conceptos, habilidades y actitudes que les permitan ejercer concretamente sus derechos más básicos y respetar los de los demás. Al mismo tiempo, contamos con talleres extramuros que se imparten en las escuelas y/o instituciones y que están dirigidos a alumnos, profesores y padres de familia, con el propósito de generar entre todos ellos una vigorosa cultura de respeto por los derechos humanos.
¿Cómo ve la situación general de los derechos humanos en el Distrito Federal?
En este último tiempo se han producido avances muy importantes en materia de derechos civiles y políticos, con la aprobación de la interrupción legal del embarazo y la sanción de las leyes de sociedades de convivencia, de voluntad anticipada y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, la brecha entre lo que estipulan las normas y la práctica cotidiana aún es muy grande. Por eso, creo que es hora de que las voluntades políticas empiecen a transformarse en políticas públicas. Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos no son debidamente tomados como política de Estado en numerosas dependencias gubernamentales y ésa es una deuda que debemos comenzar a saldar. Por eso, a partir del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal que presentamos hace muy poco tiempo, hemos diseñado un programa que contempla la asignación de una partida presupuestaria específica para el tratamiento de los derechos humanos en todas las áreas gubernamentales locales.
Publicada en el número 33 de Buenos Aires, crónicas de la ciudad abierta, la revista digital de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.