La Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en adelante la RED, fue creada en el año 1996 y está integrada por representantes de las Instituciones de Ombudsman que conforman esta Federación. Ha sido incorporada como un órgano de la FIO desde el Congreso Anual de 1997, con el objetivo de mejorar la coordinación respecto del fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género.
Se constituyó con la finalidad de consolidar, a nivel de la región, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres, crear espacios especializados en la defensa de esos derechos en las Defensorías del Pueblo, Procuradurías y Comisiones de Derechos Humanos donde no existan, y fortalecer las instancias especializadas que ya estén en función.
La RED facilita el intercambio de experiencias y la transferencia valiosa de recursos e información entre las distintas instituciones de Ombudsman para la intervención eficaz en los casos de vulneración de derechos de las mujeres y de su acceso a la justicia. Ello posibilita no sólo mejorar y fortalecer el trabajo dentro de nuestras propias instituciones de derechos y garantías, sino también contribuir al cumplimiento del objetivo de la FIO de fomentar la construcción de una cultura de derechos humanos. La RED aporta específicamente a la protección, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres para el logro de la igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones, así como a la inclusión de la perspectiva de género en el quehacer institucional de la FIO.
El proyecto de trabajo de la RED se incardina dentro del principio jurídico universal de la igualdad entre mujeres y varones recogido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979.
No hay duda de que se han logrado avances importantes en el camino hacia la igualdad de género gracias a la incorporación de legislación específica sobre la igualdad de oportunidades, así como la inclusión de la perspectiva de género en cada vez más aspectos de actuación de las administraciones. Los grandes motores de cambio han sido las medidas específicas de promoción de las mujeres, los programas de acción, el diálogo social y el diálogo con la sociedad civil, donde la participación activa de las redes de mujeres cobra especial significación.
Fruto de ello hay que señalar que si bien aumentó el número de mujeres que han conseguido mejorar su acceso y nivel educativo, su incorporación al mercado laboral y su participación social y política, continúan las desigualdades en lo laboral (brecha salarial, segmentación vertical y horizontal de las oportunidades de empleo, sobrecarga en la distribución del trabajo no remunerado), así como la sub-representación en los órganos de representación política. Asimismo, persisten profundas desigualdades, discriminaciones y conductas violentas contra las mujeres que reeditan generación tras generación relaciones de género que impiden el desarrollo de la autonomía económica, política, social y física de las mujeres. Esta problemática sin dudas requiere el esfuerzo colectivo para su erradicación y es un tema de preocupación que compromete la actuación de la RED.
INVESTIGACIÓN.
Objetivo operativo 1. LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Analizar la aplicación de la legislación sobre violencia de género en el ámbito de la pareja a partir del estudio de cuatro sentencias por región en las que se divide la FIO (Europa, América del Norte, Centroamérica, Región Andina y Cono Sur) que serán aportadas por los distintos países, comunidades regionales, provinciales, etc. en función del ámbito de competencia de cada integrante de la RED, con el objeto de verificar el grado de avance en la legislación para proteger a las víctimas y las sanciones dispuestas para los victimarios en función de la actuación de los Tribunales.
A los efectos de sistematizar las sentencias debe establecerse como pauta común el grado de agresión similar para cada uno de los casos. Las coordinadoras abogadas por sus conocimientos técnicos serán las encargadas de realizar el análisis comparativo.
Objetivo operativo 2. BANCO DE RECURSOS LEGISLATIVOS dentro del PortalFio.
Continuar con la recopilación, actualización y sistematización por temas de toda la legislación de referencia de los distintos países y comunidades regionales, provinciales, etc. en función del ámbito de competencia de cada integrante de la RED con el fin de obtener un Banco de Legislación disponible para futuros objetivos de análisis comparado. El contenido se incorporará al PortalFio como una herramienta de trabajo disponible para las integrantes de la RED, integrantes de la FIO y público en general.
Objetivo operativo 3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN SOBRE CIUDADES SEGURAS
Para el próximo encuentro anual (noviembre de 2011) cada integrante de la Red se compromete a informar los avances en su jurisdicción sobre la implementación de la Declaración sobre Ciudades Seguras para las Mujeres. A través de la formación de comisiones, el equipo coordinador hará las propuestas, para que se integren y compartan experiencias exitosas en las defensorías.
Ciudades seguras Para Mujeres
La violencia de género es un flagelo que continúa manifestándose en el mundo y que adquiere nuevas formas de expresión. Es un problema social de grandes dimensiones que atraviesa a mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, raza, etnias, edad, y religiones, que demanda políticas y acciones efectivas por parte de los Estados para su erradicación.
Un sinfín de hechos de violencia han vivido y viven las mujeres, que no son comprendidos ni percibidos por gran parte de la sociedad y es precisamente la propia estructura social quien proporciona legitimidad a esos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad. Pero en todas y cada una de sus múltiples formas, (la violencia física, sexual, psicológica y económica), la violencia atenta contra la libertad y los derechos humanos, y provoca daños, sufrimiento o muerte en cada mujer que la padece: las desplazadas y refugiadas por la violencia armada y la guerra; las mujeres indígenas; las asesinadas con saña feminicida; la violencia que viven las migrantes; la violencia conyugal (malos tratos, violencia psicológica, económica); la violencia contra las niñas y las adultas mayores; contra las que sufren algún tipo de discapacidad; la violencia que significa la calle para las mujeres; la prostitución; la pornografía; la trata y el tráfico de personas; la violencia política y jurídica que restringe su ciudadanía plena; la violencia producto de la feminización de la pobreza (las mujeres son la más pobres entre los pobres); el acoso sexual en el lugar de trabajo y en las instituciones educativas; aquella que genera víctimas de sufrimientos innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas durante la provisión de servicios de salud; la doble victimización que viven las mujeres cuando recurren a las instituciones publicas para denunciar las situaciones de violencia o para buscar apoyo; la violencia en los medios de comunicación a partir de la construcción y transmisión de estereotipos e imágenes violentas y agresivas hacia las mujeres y de imágenes sexistas; etcétera.
La violencia que se ejerce contra las mujeres no se limita a la agresión verbal o física en el ámbito del hogar o del espacio público. Es importante resaltar que es el resultado de la desigualdad y la discriminación de género y de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad.
La ONU declara “que el maltrato a la mujer es el crimen más numeroso del mundo”.
En la actualidad, una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad y de los gobiernos es el incremento de la delincuencia y la violencia urbana y la percepción de inseguridad que experimenta la población como un síntoma común de la vida cotidiana.
Las distintas manifestaciones de violencia urbana constituyen un problema complejo, que involucra a múltiples actores y que es motivo de investigaciones, debates y diversas propuestas por parte de los gobiernos nacionales y locales.
Los hechos de violencia que afectan fundamentalmente a las mujeres son relevantes en todos los países de América Latina. A pesar de ello, se observa que las acciones y políticas públicas sobre la violencia urbana y la inseguridad excluyen la violencia que se ejerce contra las mujeres, porque se centran en los delitos contra la propiedad y la violencia concomitante a ellos, invisibilizando una problemática social que lamentablemente crece día a día y que afecta y restringe su condición de ciudadanas. Las estrategias de seguridad ciudadana no contemplan las necesidades y demandas específicas de seguridad provenientes de las mujeres.
Existe además otro problema, que es la escasa denuncia por parte de las mujeres de las agresiones que sufren; esto se debe fundamentalmente a la violencia institucional de las que son objeto por parte de la policía y la justicia, y a la responsabilidad y culpabilidad que se les adjudica a ellas por lo que hicieron o dejaron de hacer, y no al victimario.
La ciudad sigue siendo el ámbito principal de la interacción social y cultural, donde se expresan sus conflictos, y entre ellos las diferentes violencias de que son objeto las mujeres en la sociedad, tanto en los espacios públicos como en su vivienda, en el trabajo y en las instituciones.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2005, determina que cada 18 segundos una mujer es agredida en el mundo.
Estos resultados demuestran que las mujeres tienen mayores posibilidades de ser víctimas de agresiones, especialmente de connotación sexual, lo que hace que desarrollen sentimientos de miedo que atentan contra su autoestima y seguridad, modificando sus hábitos diarios, abandonando actividades y dejando de concurrir a lugares. El miedo afecta sus proyectos de vida, como estudiar o trabajar, y su participación social o política.
El mismo informe de la OMS da como resultado que en todos los casos de las 24.000 entrevistas que realizaron en 10 países de diverso grado de desarrollo, el patrón que sostiene la violencia contra las mujeres es el mismo: desconocimiento de las víctimas como portadoras de derechos humanos, la discriminación y el machismo.
Los gobiernos deben asumir su responsabilidad para erradicar la violencia de género, cumpliendo con los compromisos asumidos al ratificar las convenciones e instrumentos internacionales que condenan la violencia contra las mujeres.
Por su parte es necesario que los gobiernos locales reconozcan la violencia de género como un problema socio-cultural para poder abordarlo con estrategias integrales, que incluyan la atención y prevención de la misma, así como la promoción de los derechos de las mujeres.
También deben incorporar la perspectiva de género, promocionando la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres; implementar acciones que posibiliten una mayor apropiación del espacio público por parte de las mujeres; y promover conductas y relaciones respetuosas de los varones respecto de la integridad de las mujeres.
Las mujeres no somos un colectivo desfavorecido en un lugar o período histórico, somos un género que ha sido discriminado universalmente en todos los tiempos históricos. No somos minoría étnica, cultural, religiosa o ideológica. Somos sencillamente el otro sexo, la mitad de la humanidad. Y no somos un grupo homogéneo, presentamos diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales, de orientación sexual, etcétera. Por eso es importante considerar esas diferencias a la hora de formular políticas públicas relacionadas con la violencia hacia las mujeres
Ver Declaración sobre Ciudades Seguras para las Mujeres – Red de Defensorías de Mujeres de la FIO – Cartagena de Indias, Colombia – octubre de 2010.
Ver Informes Ciudades Seguras:
Ciudad de Buenos Aires – Argentina
DIFUSIÓN.
En el año 2009 el equipo coordinador de la Red de Defensorías de Mujeres presentó el cuadernillo «Cuerpos distintos, iguales derechos», y en el 2010 el relacionado con “Violencias de Género”, que contaron con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los materiales fueron pensados como instrumentos de difusión destinados a que las mujeres de la región conozcan los derechos que las asisten a fin de que puedan ejercerlos, exigirlos y demandarlos en caso de que sean vulnerados.
La institución del Ombudsman, en tanto organismo de derechos y garantías, y cumpliendo con su rol promotor del fortalecimiento de la ciudadanía, debe desarrollar acciones tendientes a proteger y promover los derechos de las mujeres, impulsando su desarrollo individual y social a través, entre otras cosas, del acceso a la información pública como derecho ciudadano y como paso previo al acceso a la justicia.
El derecho a la información pública es un fin en sí mismo, pero también es un medio para el ejercicio de otros derechos. Sin información resulta difícil poder ejercer derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales.
Si bien el concepto de acceso a la justicia es amplio e involucra mucho más que el acceso a la información, creemos que el conocimiento de los derechos por parte de las ciudadanas y ciudadanos es una condición fundamental e imprescindible para acceder a la Justicia porque sin información no se puede ejercer derechos.
En ese sentido, y pensando en el acceso a la información para acceder a la justicia, es que nos propusimos elaborar la serie de cuadernillos que comenzamos a editar en el año 2009 y que consideramos son una herramienta necesaria con la que hay que continuar.
El tema elegido para el desarrollo del Cuadernillo 2011 fue “Trata de Personas”.
La trata de personas constituye una de las peores violaciones de los derechos humanos. En los últimos años diferentes factores han facilitado su práctica agravando la situación a nivel mundial y transformando a decenas de miles de seres humanos -especialmente mujeres, niñas y niños- en objetos con fines de explotación de diferentes tipo, siendo las más usuales la explotación sexual y laboral. El objetivo de este cuadernillo es dar a conocer las distintas formas de trata, sus alcances, consecuencias y modalidades, el marco normativo internacional, y algunos consejos y precauciones para quienes tomen contacto con el material.
Creemos que la difusión de esta publicación entre el colectivo de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y funcionarias, y público en general permitirá realizar un importante aporte al ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y a la conquista de sus derechos para construir sociedades más justas y relaciones de género más igualitarias.
Para ver el cuadernillo “Trata de Personas”, ingresar aquí.
Otros trabajos realizados durante el 2011
Firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)
Situación relacionada con los tratamientos de Fertilización Asistida
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, con el trabajo especializado del área de la Defensoría de la Mujer de dicha institución, se encuentra elaborando un informe sobre la situación de Costa Rica respecto al derecho a los tratamientos de Fertilización In Vitro para ser presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los motivos que exponen en su pedido de intercambio de información (ver enlace). Por tal motivo solicitó a la Red de Defensorías de Mujeres de la FIO que incorpore el tema en el orden del día para desarrollar durante la reunión que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el marco de la celebración de la XVI Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, los días 24, 25 y 26 de noviembre.
A tal fin, cada integrante de la Red presentó un informe sobre el derecho a la Fertilización in Vitro en su país, el cual fue entregado a la Defenoría de los Habitantes de Costa Rica en colaboración para la confección del mencionado documento:
RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN (FIO)