En los dos últimos años alrededor de 80 quejas interpuestas por personas que viven VIH-SIDA se han tramitado en la Defensoría, las cuales se agrupan en cinco ejes temáticos: acceso a los servicios de salud y calidad, prevención, discriminación, maltrato y exclusión; y VIH y poblaciones vulnerabilizadas.
En cuanto al acceso a los servicios de salud poco más del 17 por ciento de los reclamos tienen que ver por un lado, con una serie de servicios médicos que la seguridad social no está ofreciendo o no está garantizando acceso, y por otro lado, aquellos que tienen que ver con la falta de acceso –en general- a la seguridad social.
Destaca entre las denuncias el acceso limitado a preservativo por parte de trabajadores y trabajadoras sexuales, así como de personas privadas de libertad. A partir de la intervención de la Defensoría, hemos acercado a la CCSS y a las ONGs, a efectos de la firma de instrumentos legales que permitan una distribución estratégica y transparente entre las poblaciones más vulnerables.
Ahora bien, en el caso de los preservativos femeninos, la poca disponibilidad y la ausencia de las campañas promoviendo su uso, es un asunto que aún no se ha resuelto, aspecto de suma trascendencia por tratarse de la población femenina.
En cuanto a la calidad de los servicios de salud, un 59% por ciento de las quejas tramitadas hicieron referencia a seis temáticas específicas, a saber: efectos psicoemocionales del tratamiento antirretroviral, consejería pre y post prueba, servicios de odontología, largos tiempos de espera, mala calidad de la atención y, pruebas de genotipo y fenotipo.
En torno a la discriminación, maltrato y exclusión, de manera preocupante la tramitación de las quejas visualiza que vivir con VIH o padecer sida en Costa Rica sigue siendo una condición de estigma y discriminación. El 24 % de las quejas lo refieren. Ciertos abusos policiales, el maltrato en algunas las instancias públicas y la desigualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos económicos deben abordarse de manera prioritaria.
En cuanto al VIH y vida productiva, dichosamente hemos constatado avances en esta materia en el Ministerio de Trabajo y el INS, aunque no por ello faltan situaciones medulares que consolidar para preciarnos de tener un mercado laboral libre de estigmas y de mayores oportunidades.
Un tema muy sensible fue lo relacionado con la prevención; se ha evidenciado la ausencia de campañas de educación y comunicación, la poca coordinación con sociedad civil así como el reto de persistir en la sensibilización contra la homofobia, lesbofobia y transfobia
Vigencia de la actual Ley
Ahora bien, a casi veinte años de vigencia de la actual Ley del VIH, precisamente, uno de los puntos de agenda país ha sido cumplir con la aspiración de dotar a Costa Rica de una legislación moderna que sitúe a la persona viviendo con VIH como el eje central de la misma, para derivar a partir de este paradigma de derechos humanos, las políticas públicas que den una respuesta asertiva y a la altura de los tiempos que vivimos y que convivimos con la epidemia.
Recientemente se presentó a la corriente legislativa de una iniciativa de ley que resulta una valiosa oportunidad para entablar un diálogo que dé como resultado la construcción de un cuerpo normativo de tal solidez técnica que posibilite la respuesta integral, eficiente y oportuna a la epidemia del VIH, en una realidad nacional y mundial cada vez más compleja y desafiante pero también con grandes oportunidades de mejora que hay que aprovechar.
El proyecto de ley No. 19243 de manera virtuosa hace un uso correcto de la terminología y conceptos en torno a la epidemia del VIH, poniendo a tono el lenguaje y utilizando los conceptos de manera correcta cumpliendo así una válida aspiración de los muy diversos sectores que trabajan el tema desde la academia hasta las ONG s defensoras de derechos humanos.
Por otra parte, de manera muy positiva observa esta Defensoría la inclusión en este texto lo relativo al ejercicio y respeto de los derechos sexuales y reproductivos, así como lo relacionado a la promoción y protección de los derechos laborales de las personas que viven con VIH, sin duda modificaciones de esta naturaleza son avances imprescindibles de incorporar. No obstante estas bondades, luego de un profundo y reflexivo análisis hemos de afirmar que la parte sustantiva que apremia ser reformada para una adecuada regulación del VIH y el sida, no es llevada a cabo en este proyecto, con lo cual esta iniciativa no viene en realidad a satisfacer los ideales de una transformación integral a las actuales regulaciones, como ha sido la aspiración de esta Defensoría y de muchos otros actores que trabajan intensamente en este campo.
A continuación enlistamos las principales preocupaciones de la Defensoría en torno al proyecto de ley:
1. Reducción de los mínimos presupuestos que regulan el procedimiento de notificación a contactos sexuales.
2. Generación de regulaciones con conceptos jurídicos indeterminados lo cual ocasiona inseguridad jurídica
3. Eliminación total del régimen sancionatorio.
4. No se mejora ni se fortalece el funcionamiento del CONASIDA
5. Se observan muchas debilidades en las normas de prevención del VIH
6. En general, debe señalarse, que el proyecto de ley contiene gran cantidad de disposiciones más propias para una Política Pública en VIH que para una Ley, desprovistas de consecuencias ante su incumplimiento, lo que convierte al proyecto en una simple declaración de intenciones en ámbitos medulares.
7. No se cumple con el objetivo principal de incrementar el régimen de protección de derechos de las personas que viven con VIH
8. No se establece con claridad el financiamiento y la fuente del mismo para la ejecución de los alcances de la Ley. Es precisamente esta falta de financiamiento la que ha causado que el Estado por medio de la CCSS, solo tenga recursos para suministrar el tratamiento antirretroviral, pero no tenga los recursos para el financiamiento de campañas, estudios y demás estrategias de respuesta a la epidemia.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la república de Costa Rica