Desde hace muchos años Costa Rica se ha abocado a proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas, tomando la iniciativa a nivel mundial con la promulgación de normativa y políticas para este fin.
No obstante, pese a que el país es referencia internacional, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a no bajar la guardia en la gestión sostenible del medio ambiente.
Para este ente defensor aún persisten amenazas que afectan la sostenibilidad del recurso y que urgen de una pronta atención.
Preocupa a la Defensoría, que pese a la existencia de una legislación amplia y adecuada en materia ambiental, la cual promueve la protección y conservación de los diferentes ecosistemas y estipula la recuperación del daño ambiental, existe un grado de incumplimiento e impunidad importante, además de la omisión de algunos gobiernos locales y autoridades competentes en atender irregularidades evidentes y notorias, la capacidad de control es limitada.
Según la información suministrada en el documento Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030, existe un aumento en las denuncias que la población interpone ante el Tribunal Ambiental Administrativo, pero la capacidad de respuesta de éste órgano es menor al 1%, por lo que persiste la ilegalidad vinculada a una limitada capacidad de control y vigilancia, entre otros aspectos.
Tratándose de la gestión de los recursos marinos y costeros, se debe fortalecer la institucionalidad competente, así como implementar políticas públicas en la materia. La recopilación de datos estadísticos sistemáticos sobre las diferentes especies marinas objeto de captura es fundamental, favoreciendo la toma de decisiones con fundamento en criterios técnicos y asegurando la sostenibilidad del recurso.
La necesaria visión ecosistémica y participativa de las comunidades costeras es fundamental para lograr los objetivos de protección del medio ambiente marino en equilibrio con el desarrollo socio-económico de las comunidades; se deben promover y consolidar las “Áreas Marinas de Pesca Responsable”.
Considera también la Defensoría, que el cambio de uso de suelo de ecosistemas naturales y/o amenazados por el desarrollo de infraestructura, es otro gran reto país en la protección del medio ambiente.
A pesar de existir normativa que lo prohíbe, se han evidenciado cambios del uso del suelo para el desarrollo de proyectos en zonas de recarga acuífera o zonas donde había bosques. También se ha presentado el relleno de humedales y manglares para contener inundaciones y para construir viviendas, ocasionando problemas de inadecuado drenaje de aguas, inundaciones, falta de agua para consumo humano, entre otros.
Este riesgo que corren los ecosistemas ante el desarrollo de infraestructura se reafirma cuando el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2014), señala que 42 municipalidades del país no cuentan con un plan regulador urbano, a pesar de que constituye un mandato legal.
Los cada vez más constantes conflictos por la gestión del agua, el acceso al recurso hídrico, las tendencias a la concentración de la población en zonas urbanas y los efectos del cambio climático, hacen impostergable el impulso de proyectos de ley que buscan el reconocimiento expreso del derecho humano al agua potable y su saneamiento, la protección del agua como bien de dominio público y que abogan por una gestión integrada del recurso hídrico. Debe contarse con una mayor inversión para poder cumplir los retos sobre tratamiento y recolección de excretas y aguas residuales.
Si bien el país ha generado instrumentos de política pública indispensables para hacer frente al cambio climático, el gran reto está ahora en la implementación y ejecución oportuna de los mismos a partir de acciones concretas con resultados concretos y visibles para la comunidad nacional e internacional. El cambio climático no debe verse como un tema aislado, sino como un componente clave de toda la agenda de desarrollo nacional, integrarlo como tema transversal, generando responsabilidades en todos los entes del Estado al momento de planificar sus acciones en todos los ámbitos. Identificándose como prioritario la estructuración del transporte público a partir de su revisión en eficiencia e implementación de otras alternativas. Se debe alcanzar un transporte público intersectorial a partir de la utilización del tren, bus y bicicletas, siempre y cuando se cuente con la infraestructura correspondiente y un servicio frecuente y adecuado; la implementación de tecnologías limpias es fundamental.
Por último, es indispensable la elaboración de normativa sobre participación ciudadana, que garantice su contribución en los procesos de toma de decisiones del Estado, garantizando comunidades debidamente informadas de previo a la ejecución de proyecto alguno.
“Costa Rica posee una riqueza natural de las más preciadas en el planeta, por lo que su protección es esencial para asegurar la calidad de vida de las y los costarricenses. Es deber del Estado continuar protegiendo el ambiente para garantizar a las y los habitantes su sostenibilidad y pleno disfrute”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Costa Rica
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