La Defensoría solicita al Ministerio de Salud que asuma «con más fuerza» su potestad de dirección, moniterios y control en asuntos relacionados con la gestión integral de residuos, teniendo en cuenta que solo el 44,5% de los Municipios cuentan con una regulación al respecto.
Menos de la mitad de las municipalidades del país cuentan con planes para el tratamiento de la basura que permitan su recolección selectiva, clasificación, y su disposición final; tal y como lo establece la Ley para la gestión integral de residuos sólidos, vigente desde junio del año 2010. Solo el 44,5% ha implementado está elaborando un reglamento para el trataiento de los residuos.
Un estudio realizado por la Defensoría demuestra que a pesar de que los ayuntamientos locales son los principales actores en la efectiva aplicación de la Ley No. 8839 (artículo N°8), aún queda mucho por hacer para la debida implementación de esta normativa. La información recopilada señala que el 44.5% de las municipalidades ha elaborado, está en proceso de construcción o de revisión, al menos uno de los reglamentos dispuestos por la Ley.
En cuanto a la preparación y aplicación del plan municipal de gestión integral de residuos sólidos, también contenido en la Ley, al menos un 66.7 % de los gobiernos locales cuentan con dicho Plan, mientras que otro 29.6 % de los municipios se encuentra en proceso de preparación. Preocupa a la Defensoría de los Habitantes que la carencia de esta guía, que es el instrumento base para la fijación de las tarifas para los servicios de manejo de residuos que prestan, limite las acciones de los ayuntamientos. De ahí que únicamente un 12.3% de los gobiernos locales, es decir, sólo 10 municipalidades, informaron haber fijado o actualizado las tarifas respetivas.
Sobre la tarea de crear el departamento de gestión ambiental municipal, el 71.6 % de los gobiernos locales del país cuenta con un departamento o una comisión de gestión ambiental. Si bien se ha logrado avanzar en este punto, para la Defensoría es indispensable asignar el personal y presupuesto necesario para que estas oficinas cumplan debidamente con sus labores.
Con respecto al cumplimiento de las demás funciones municipales, asignadas por Ley, la Defensoría encontró que con respecto a la ejecución de proyectos y concertación de convenios con la sociedad civil, para que participen en el proceso de gestión de los residuos, un 60.5% de los gobiernos locales lo está desarrollando. Asimismo, un 54.3% de las municipalidades han ejecutado proyectos para promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de las y los habitantes, también dispuesto en la Ley.
Para la Defensoría de los Habitantes es indispensable que el Ministerio de Salud, como institución rectora en materia de gestión integral de residuos, asuma con más fuerza sus potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control, para que no se prolongue aún más el cumplimiento de esta Ley por parte de las 81 municipalidades, la cuales manejan gran cantidad de la basura que genera el país. De igual forma, la Defensoría hace una llamada al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para que desempeñe un rol activo y sirva de guía en todo este proceso.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de Costa Rica