Pese a que las víctimas de acoso sexual en el sector público se despojan de sus miedos y toman la decisión de denunciar, prevalecen malas prácticas y debilidades durante la tramitación del proceso de investigación que permite la impunidad de los acosadores y que limita el derecho de acceso a la justicia administrativa de las víctimas.
Según un estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, del año 2008 al 2011 la institución revisó un total de 504 casos tramitados en entidades públicas, de los cuales se encontró que 226 fueron absueltos después de la instrucción del procedimiento por falta de mérito para sancionar; y 71 fueron archivados ya sea por desistimiento de la víctima; por renuncia o jubilación de la persona investigada y/o por terminación del contrato interino.
Lo anterior evidencia que más de la mitad de los casos que la Defensoría dio seguimiento en ese periodo fueron absueltos o archivados por los respectivos órganos disciplinarios de las instituciones involucradas, lo cual refleja un problema de eficacia en la administración del procedimiento disciplinario por acoso sexual, que podría implicar no solo una grave discriminación de género, sino también la revictimización de las personas denunciantes.
De igual manera, el estudio de la Defensoría mostró que la mora para resolver las denuncias es uno de los problemas más relevantes que tienen que enfrentar las víctimas. Datos del año 2011 indican que solo el 16% de los casos se resolvió en el plazo de ley (3 meses); otro 25% en el doble del tiempo autorizado, lo que suma apenas el 41% del total de los casos; el 36% duró hasta un año; el 19% 2 años y todavía el 1% de los casos duró más de 2 años.
Cabe destacar que el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social, y el Ministerio de Seguridad Pública son las instituciones del Estado que más reportan casos.
Es importante señalar que en los últimos años existe un aumento considerable en la cantidad de mujeres menores de edad que denuncian ser víctimas de hostigamiento; las estadísticas dan muestra que para el año 2008 se registraron sólo 3 casos mientras que para el 2011 ya la cifra era de 48 casos.
Ante este panorama, la Defensoría considera que las instituciones del Estado costarricense deben actuar en este tipo de casos ajustándose al principio de debida diligencia, dispuesto en la recomendación N° 28 del Comité de la CEDAW, que se traduce en su obligación de «… reaccionar activamente ante la discriminación contra la mujer, independientemente de que esas acciones u omisiones sean cometidas por el mismo Estado o por actores privados (…) mediante la formulación de políticas, programas y marcos institucionales de carácter público»; con lo cual se garantiza protección y acceso a la justicia sensible al género y respetando el interés superior del niño y la niña.
Para la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se perpetra principalmente contra la mujer y menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades, discriminándola en el derecho al trabajo y a la educación. Por lo que la Defensoría ha venido llamando la atención de las autoridades del sector público a llevar a cabo valoraciones sensitivas al género e implementar mecanismos de equilibrio del ejercicio de poder desigual entre los hostigadores sexuales y sus víctimas, que impacten en la alta incidencia de la impunidad de los casos hostigamiento sexual en las instituciones del Estado.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica