El País debe dar un salto para reivindicar la igualdad; enriquecerse de la diversidad, reconociendo la dignidad y la identidad de cada uno de sus habitantes y buscar mecanismos para romper la gran brecha de desarrollo entre el área metropolitana y el resto de las regiones del país. Costa Rica debe abandonar la violencia, la intolerancia, los ataques a la dignidad, la discriminación y la violación a los derechos, en especial de las personas más vulnerables, para construir una sociedad inclusiva, participativa y más democrática.
El matonismo escolar, la violencia hacia la niñez y adultos mayores, la homofobia a personas con orientación sexual diversa, el hostigamiento sexual y laboral, el racismo contra personas afrodescendientes y pueblos indígenas, la violencia obstétrica, la pobreza, la lentitud del sistema público para garantizar la atención de la salud, el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, son algunas de las principales violaciones a derechos humanos que hacen más amplia la separación entre habitantes en Costa Rica.
A esta lista se suma la problemática de la sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario, los daños al medio ambiente, la seguridad ciudadana y alimentaria, las dificultades de los habitantes más vulnerables para el acceso a derechos tales como pensión del régimen no contributivo y/o asistencia económica estatal temporal; las desigualdades en la distribución de oportunidades entre personas de la Región Central del país y las regiones rurales y costeras.
Adicionalmente esta separación entre habitantes se visualiza en los conflictos sociales por la disponibilidad del agua, la omisión de respuesta que reciben los habitantes en trámites ante instituciones públicas e incluso el alto costo de servicios públicos como la electricidad y los combustibles.
Esta visión general de la situación de los derechos humanos en Costa Rica es puesta en evidencia por la Defensoría a partir de la voz y denuncias de los y las habitantes durante el último año.
“El país debe dar un salto para reivindicar la igualdad; enriquecerse de la diversidad, reconociendo la dignidad y la identidad de cada uno de sus habitantes. Costa Rica debe abandonar la violencia, la intolerancia, los ataques a la dignidad, la discriminación y la violación a los derechos, en especial, de las personas más vulnerables, para construir una sociedad inclusiva, participativa y más democrática”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, durante un resumen del Informe Anual de Labores 2014-2015, que entrega a la Asamblea Legislativa como parte del proceso de rendición de cuentas en su primer año de trabajo al frente de la institución.
Lucha contra la discriminación
La Defensoría de los Habitantes giró su trabajo en el enfoque en la promoción a la igualdad y a la lucha de cualquier forma de discriminación, entendida ésta como la define el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.
Para la Defensoría es claro que Costa Rica carece de un marco jurídico adecuado para el combate de la discriminación, y dicha carencia se refleja en la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas hacia asegurar el pleno disfrute de derechos en igualdad de condiciones, incluidas las acciones afirmativas. Las poblaciones que más sufre de discriminación son los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas con orientación sexual diversa, las poblaciones afrodescendientes y los asegurados de la CCSS.
Ello no significa que otras poblaciones no sufran de discriminación.
Otro de los enfoques que la Defensoría le dio gran énfasis de acción gira en torno al Enfoque al Desarrollo basado en los Derechos Humanos. Este enfoque, concebido desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) toma en cuenta el reconocimiento de las y los habitantes como sujetos de derechos, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, y la vigilancia, con miras a un desarrollo sostenible y equitativo, es adoptado por la Defensoría para analizar la política pública.
En ese sentido, la Defensoría considera fundamental la participación ciudadana en la concepción y gestión de políticas públicas como base para la paz social, la confianza en las instituciones del Estado y la legitimidad de la función pública. La falta de participación ciudadana se encuentra en la raíz de conflictos que han estallado en el último año, en particular en relación con el acceso al agua. Algunos de estos conflictos, pudieron haberse evitado a través del diálogo social en la elaboración de las políticas públicas.
Lógicamente, para tener este efecto, la participación ciudadana debe ser real y tener algún impacto, y no ser concebida como un mero formalismo.
La Defensoría ha querido asegurar la participación de distintos grupos sociales en la elaboración de sus propias estrategias a través de la elaboración de agendas desde la sociedad civil, en especial en el ámbito regional. Se han realizado sesiones de consulta con distintos grupos sociales, en las áreas donde la Defensoría cuenta con sedes. En particular, se ha establecido una agenda por parte de los afrodescendientes de la región Caribe para la Defensoría de los Habitantes, así como una agenda de las poblaciones indígenas de todo el país para guiar las estrategias de incidencia de la Defensoría. Esta forma de trabajo se mantendrá en los próximos años, a través de la elaboración de agendas concertadas para otros sectores de la población.
También la Defensoría, en consonancia con el enfoque basado en derechos humanos, procura reforzar la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones internacionales a través de la elaboración de indicadores de derechos humanos en un proceso de largo plazo. Dichos indicadores pretenden medir y evaluar los procesos necesarios que deben tener como resultado una mejora en la prestación de servicios, y los estándares de bienestar del país.
Este instrumento pretende servir como guía para la elaboración de políticas públicas, y para alertar al Estado ante eventuales retrocesos contrarios a sus compromisos de derechos humanos. Inicialmente, se ha trabajado en el desarrollo de indicadores relacionados con el combate a la discriminación –específicamente contra las mujeres- y el Derecho a la Salud, por considerarse este último como un derecho integrador en el disfrute de otros derechos así como un factor y una medición esencial del desarrollo.
Estos dos enfoques –combate a la discriminación y enfoque al desarrollo basado en derechos humanos- van de la mano con la obligación del Estado de asegurar un recurso efectivo a las y los habitantes frente a situaciones que violenten sus derechos e intereses.
Este recurso efectivo exige una reparación adecuada del daño cuando se trate de violaciones a los derechos humanos de las y los habitantes. Ello implica exigir una reparación más integral del daño, la cual no contempla únicamente una indemnización económica –que debe ser declarada por los tribunales de justicia-, sino una rehabilitación del o la afectada, la restitución de sus derechos y garantías de no repetición del hecho violatorio. Esto implica, por ejemplo, que frente a un problema de salud sufrido por un habitante por una acción u omisión del Estado, las instituciones públicas deben proveer no solo una indemnización, sino además de los mecanismos necesarios para su debida rehabilitación y garantías de que dicha violación no se volverá a cometer.
Mejorar capacidades y desempeño en la Seguridad Social
La Defensoría en el Informe es clara que los recursos serán siempre limitados y las necesidades por satisfacer siempre serán crecientes, por lo tanto para poder cumplir con el objetivo de realizar el derecho a la salud de las y los habitantes, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tiene la obligación de buscar un constante mejoramiento de su desempeño y diseñar nuevas estrategias para maximizar la utilización de los recursos de los que dispone, con planificación, transparencia y rendición de cuentas. A la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, el derecho humano a la salud exige una atención sanitaria accesibles, adaptable, disponible y de calidad, sin discriminación de ningún tipo.
Entre los avances destaca una mejoría en la distribución de especialistas, al punto que en el primer trimestre del 2015 llegó a 266 profesionales, y un grupo de ellos ubicados en zonas donde tradicionalmente en los últimos cuatro años no alcanzaban ser asignados como Guápiles, Limón, Ciudad Neilly y Golfito. Entre las deudas están las listas de espera, las cuales tienen rostro humano; son los pacientes y familias que esperan recibir atención médica. Esas filas representan un costo social que asume la familia (pérdida de trabajo, interrupción de proyectos individuales y familiares) y un costo económico que asume el sistema de salud pública en atención a costos de tipo administrativos y de salud tales como atención de respuestas y quejas de los pacientes, atención de complicaciones médicas, repetición de pruebas, nueva medicación, tratamiento psicológico, entre otros. La lista de espera genera inconformidad en los pacientes y sus familias, así como en la relación médico-paciente que se ve deteriorada, generando mayor insatisfacción en el paciente, frustración en el médico y deslegitima a la institución. Si bien una inadecuada gestión administrativa y de disposición de recursos ha tenido incidencia en el tema, se debe ahora resaltar que la falta de transparencia, rendición de cuentas y de planificación constituyen obstáculos que han agravado la problemática de las listas de espera.
ALGUNOS DATOS
Del 2010 al 2014, las solicitudes de intervención se incrementaron en un 46,5%, pasando de 20.687 a 30.264, para una tasa de crecimiento anual del 9,4%. Se estima que para el año 2020, la DHR recibiría unas 40.000 solicitudes de intervención. Por cantón, los habitantes de Pérez Zeledón son quienes presentan más denuncias en la provincia de San José.
Por distrito si tomamos en consideración el cantón central de San José, los habitantes de Pavas son quienes más recurren a la Defensoría. La población atendida es predominantemente de zonas rurales o urbano marginales, de bajo nivel de desarrollo social.
En el 2014 se recibieron 30.264, de las cuales el 52% tiene rostro de mujer, en especial, con edades entre los 25 y 34 años.
Desde finales de los años 90, la Defensoría cuenta con una acreditación como institución de estatus A, según los Principios de París, y por lo tanto con Estatus consultivo especial ante los órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Según PNUD, Costa Rica es el país de América Latina con menor participación ciudadana.
En el 2014 se reportaron 20,6 muertes maternas más que en el 2013, aunque Costa Rica sigue siendo el país con las tasas de mortalidad más bajas de Latinoamérica y el Caribe.
Costa Rica cuenta con 24 territorios indígenas reconocidos y el Estado prácticamente no ha realizado ningún proceso de recuperación de tierras.
En el último año la Defensoría de los Habitantes participó activamente como mediador del conflicto en los muelles de Limón; en la conformación de una alianza interinstitucional para la lucha contra la violencia infantil; impulsó con Unicef la campaña contra el maltrato hacia los niños y niñas; estableció encuentros con poblaciones indígenas del país y con personas afrodescendientes de Limón en aras de una agenda de trabajo conjunta; inició un proceso de diálogo y consulta a sectores del país para la revisión del cumplimiento de las recomendaciones del Comité del Niño hechas a Costa Rica, a la luz del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
También trabaja en procesos de capacitación en Derechos Humanos con personal del MEP, entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe de seguimiento a la sentencia contra Costa Rica en el caso FIV, implementó el programa “Oficina sin paredes” que va a permitir recorrer en este 2015 unas 70 comunidades más alejadas del Valle Central para la atención de denuncias y consultas y, la participación activa en redes interinstitucionales en las regiones. También cabe destacar 47 actividades de divulgación enferias comunales y charlas. Asimismo remitió a la Asamblea Legislativa más de 70 criterios sobre proyectos de ley
FUENTE: La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica