La Defensoría de los Habitantes exigió al Ministerio de Salud la aplicación de medidas extremas contra aquellos establecimientos estéticos que realicen procedimientos quirúrgicos no autorizados, debido a los riesgos que implican para las personas usuarias y evitar con ello, que nuevos casos pongan en peligro la vida de los y las pacientes.
Esta Defensoría ha sido enterada sobre la existencia de varios casos de personas que han tenido complicaciones originadas por tratamientos privados de estética y que actualmente están siendo atendidos en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social.
La semana anterior se reportó el caso de la señora Maidury Granados Madrigal, una paciente que había sido atendida en una clínica privada en Rhormoser para realizarse un procedimiento estético en los glúteos por un médico general, quien falleció en el Hospital San Juan de Dios el pasado martes luego de permanecer bajo cuidados especiales por complicaciones originadas por dichos tratamientos estéticos.
Desde el pasado mes de febrero, esta Defensoría solicitó al Ministerio de Salud la realización de un plan de vigilancia de un total de ochocientos establecimientos de salud con el fin de verificar que los permisos de funcionamiento otorgados a dichos establecimientos médicos correspondan a los servicios que en realidad están ofertando a los pacientes.
A la fecha solo se han recibido dos oficios de mero trámite por parte del Ministerio de Salud, mientras tanto los casos por complicaciones son atendidos en los hospitales de la seguridad social, haciendo visible la necesidad de una mayor rapidez en la vigilancia por parte del ente rector de la salud.
«¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que el Ministerio de Salud intervenga de forma decidida?», agregó la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.Nuevamente, como Defensoría de los Habitantes, estamos haciendo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos para que pongan orden en esta situación, y que actúen con la premura que el tema lo amerita y se agilice el control y seguimiento necesario para evitar que
más vidas humanas sean afectadas.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica