La Defensoría de los Habitantes, a solicitud de la Escuela Judicial y con el soporte metodológico de esta misma Escuela, diseñó un Taller de capacitación de 40 horas que forma parte de las medidas para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Murillo Artavia y otros Vs. Costa Rica.
Entre las consideraciones que hace la Corte en el fallo condenatorio contra el Estado, ordena que: “El Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, de conformidad con lo establecido en el párrafo 341 de la presente sentencia” y a su vez establece que: “Dentro de dichos programas y cursos de capacitación deberá hacerse una especial mención a la presente sentencia y a los diversos precedentes del corpus iuris de los derechos humanos y derechos reproductivos y el principio de no discriminación”.
Para apoyar el cumplimiento de esta disposición de Derecho Internacional se plantea la capacitación como un proceso permanente y continuo de manera que se consolide como un espacio de intercambio, análisis, ampliación de criterio, comprensión y aplicación de los derechos humanos en el ámbito judicial.
El primer proceso formativo se llevó a cabo durante el 2014, se logró capacitar a 8 funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, quienes hoy en conjunto con profesionales de la Defensoría honran lo exigido por la Corte Interamericana. Este nuevo proceso de capacitación estará dirigido a jueces y juezas, defensoras y defensores públicos, así como personal del Ministerio Público, en total se desarrollarán tres cursos dando inicio el viernes 4 de septiembre.
El temario hace un recorrido acerca del desarrollo de los derechos reproductivos a la luz de los derechos humanos y de la perspectiva de género (derechos humanos de las mujeres). Incursiona en la conceptualización de los Derechos Reproductivos y de la Salud Reproductiva hasta culminar con un análisis detallado de la sentencia y las obligaciones del Estado costarricense. Como todo tema de educación de derechos humanos no se omite la relación permanente entre la teoría y práctica, esto para reforzar posiciones de compromiso con la justicia y los derechos humanos. Al finalizar el año 2015, 60 profesiones de la Corte Suprema de Justicia, estarán dando respuesta al mandato de capacitación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
FUENTE: La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica