La Defensoría de los Habitantes se encuentra muy preocupada por el poco avance legislativo de una iniciativa que procura solución a la problemática de la tenencia de tierras por parte de pobladores que se encuentran en zonas catalogadas como zona marítimo terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado.
Estas personas son parte de una realidad social-económica y de derechos humanos que no puede ser olvidada por las autoridades públicas y cuya situación jurídica no debe ser resuelta bajo el simplismo de ejecutar los desalojos de dichas tierras.
Si bien es cierto durante el período de Gobierno 2010-2014, se realizaron importantes esfuerzos con el fin de buscar una solución a esta problemática y ante esta necesidad social se aprobaron algunas leyes tales como: Ley Nº 9073, Ley de protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales «Ley de Moratoria»; Ley Nº 9205, Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica; Ley Nº 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial y, Ley Nº 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur.
Resulta urgente advertir que la tarea aún no ha finalizado y se hace más que necesario resolver la condición legal de estos habitantes, ya que si bien la ley Nº 9073 suspendió por veinticuatro meses la ejecución de desalojos de personas y demoliciones de obras en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, dicha norma cumplirá su período de vigencia en el mes de octubre de 2014; es decir, a falta de pocos meses para que esta restricción sea levantada, surge nuevamente la amenaza a los habitantes de dichas zonas de ser desalojados sin tener el Estado costarricense un plan alternativo que promueva una solución integral que pondere el componente social y humano respecto a cualquier otro.
Por otra parte, preocupa a la Defensoría de los Habitantes el hecho de que si bien se han aprobado algunas leyes, lo cierto es que para su implementación se requieren de acciones administrativas concretas y coordinadas a nivel del Régimen Municipal así como del Gobierno Central, por lo que sin el ejercicio práctico de estas acciones administrativas, el alcance y disfrute de los derechos de esta población se encuentra aún muy lejos de materializarse.
Por tal motivo, se hace un llamado urgente a las nuevas autoridades del Gobierno y a las y los y las Diputadas, para que de forma prioritaria establezcan dentro de sus agendas de trabajo, la implementación de acciones coordinadas y efectivas que permitan anticipar las afectaciones y lesiones que se le ocasionará a la población en el momento en que la moratoria de dos años venza en octubre de 2014 y se reanuden los procesos de desalojo y demolición.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica