Para el país sería lamentable que el MEP tenga que destinar fondos que podrían ser empleados para satisfacer las múltiples necesidades de nuestro sistema educativo, existiendo recursos con destino específico para estos fines en FONATEL, sostiene la Defensoría de los Habitantes.
Preocupa a la Defensoría de los Habitantes las manifestaciones negativas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) respecto a la disposición del Poder Ejecutivo de otorgar al ICE la licencia y los recursos para llevar Internet a las escuelas y colegios, en cumplimiento del programa Cerrando Brechas. Este proyecto, de claro interés público, pretende llevar acceso a Internet de banda ancha a escuelas y colegios y a las comunidades más pobres y de mayor riesgo social del país.
Considera esta Defensoría que esta iniciativa es una respuesta a las obligaciones que impone el marco jurídico nacional, de fortalecer el Estado Social de Derecho, lo que implica la responsabilidad del Estado de general acciones de política pública orientadas a propiciar un desarrollo más solidario y de bienestar para las mayorías.
El derecho al acceso y servicio universal de telecomunicaciones se enmarca dentro de las responsabilidades ineludibles del país de cerrar brechas entre comunidades y habitantes. No es aceptable seguir postergando la ejecución de este importe proyecto, si el país cuenta con la experiencia institucional y los recursos necesarios para su implementación.
Como ya lo ha señalado la Defensoría, la SUTEL no ha sido capaz de cumplir con la tarea encomendada por la Ley General de Telecomunicaciones en materia de servicio universal y ejecución del FONATEL, en tal sentido y valorando la poca capacidad de acción demostrada hasta el momento, considera esta Institución que de continuar por este camino, muy probablemente durante este año 2013, no se ejecutará alguna obra importante, que cumpla con cometido de cerrar brechas digitales.
Por tal razón, vemos con buenos ojos que sea el Instituto Costarricense de Electricidad la empresa que desarrolle los proyectos de servicio universal, como lo plantea el Poder Ejecutivo, en tanto la SUTEL logra consolidar la organización requerida y madura el sistema. Considera la Defensoría que ésta propuesta se constituye en una opción razonable y viable en el corto plazo, ya que probablemente, por la lentitud demostrada por la SUTEL, si no es a través del ICE, difícilmente se logrará ejecutar la obra necesaria para alcanzar las metas de acceso y conectividad del proyecto Cerrando Brechas.
Como ya indicó esta Defensoría en su informe relativo al FONATEL, el ICE cuenta con la experiencia institucional requerida, ya que desde su creación ha trabajado impulsando iniciativas de solidaridad con el impulso de acciones de acceso y servicio universal. Gracias a ello hoy Costa Rica tiene la más amplia cobertura de la región no solo en telefonía sino también en electrificación, con el apoyo y solidaridad de todos los habitantes.
Por otra parte, preocupa a la Defensoría la propuesta de la SUTEL de dividir el proyecto no sólo por el incremento en el costo que ello pueda tener, sino también por la mayor complejidad en la administración que ello implicaría, ya que SUTEL ha demostrado poca capacidad administrativa desde su creación a la fecha.
Existe también gran incertidumbre respecto a la posibilidad de que con el mecanismo de ejecución propuesto por la SUTEL, éste órgano esté en la capacidad de comprometerse a cumplir con la ejecución completa del proyecto «CERRANDO BRECHAS» antes de que termine la presente Administración, ya que de no hacerlo, se estaría violentando el derecho de los y las habitantes de zonas postergadas, al acceso, servicio universal y solidaridad, limitándose de esa forma las oportunidades de desarrollo económico y social de importantes sectores de población, particularmente de las zonas de mayor vulnerabilidad.
Sería lamentable que el MEP tenga que destinar fondos que podrían ser empleados para satisfacer las múltiples necesidades de nuestro sistema educativo, existiendo recursos con destino específico para estos fines en FONATEL.
Por todas estas consideraciones es que la Defensoría, desde que tuvo conocimiento del decreto Nº 37629-MICIT del 23 de abril de 2013, en el que el Poder Ejecutivo «solicita a la SUTEL iniciar el procedimiento para determinar el posible establecimiento de obligaciones de acceso y servicio universal al Instituto Costarricense de Electricidad, y proceder con la respectiva recomendación al Poder Ejecutivo, con miras a atender el Componente Uno: Acceso a tecnologías digitales y conectividad de banda ancha del proyecto Cerrando Brechas.», ha visto con buenos ojos el planteamiento en cuestión.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica