Ofelia Teitelbaum reconoció, en su intervención para la Cumbre Global contra la Violencia Sexual en Situaciones de Conflicto, la labor conjunta de las intituciones para erradicar este problema y propuso cuatro líneas de acción para combatir el delito: una mayor colaboración internacional que suponga, además, la diferenciación entre este delito y otros migratorios, la creación de albergues para las víctimas, mejorar la recopilación de datos sobre el asunto y sensibilizar a los funcionarios para lograr una intervención más temprana.
«La historia de la humanidad tiene evidencias claras de la magnitud y gravedad de esta violación a los derechos humanos, fundamentalmente de mujeres, niños y niñas». Así lo expresaba la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Ofelia Teitelbaum en su intervención para la Cumbre Global que se celebra en Londres (que puede leer íntegra pinchando aquí). «Con dolor debemos reconocer que América Latina y más cerca aún Centroamérica, ha sido también escenario de este tipo de crímenes», lamentó.
Además, se trata de un problema que no responde a los pulsos de los tiempos modernos, sino que ha estado presente en la sociedad desde momentos más o menos remotos del pasado. «Ha sido un problema tratado desde épocas muy antiguas e incluso se han elaborado diversos instrumentos internacionales desde el siglo XIX para tratar de combatir este flagelo», explicó. Es una enfermedad que, a día de hoy, se ha transformado en «una de las manifestaciones más dramáticas de violencia presente en el mundo contemporáneo» por lo que requiere de la «atención y compromiso de múltiples sectores y actores de la comunidad internacional, donde los Estados están llamados a jugar un papel protagónico en la implementación de medidas concretas para lograr su detección, persecución y erradicación».
Una colaboración que se hace tanto más necesaria si se tiene en cuenta que supone «una violación sistemática a los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las mujeres, niños, niñas, quienes son vendidas o coaccionadas para ser introducidas al mercado sexual o prestar servicios en modalidades de servidumbre intolerable». En otras palabras, constituye «una forma de violencia reconocida como uno de los crímenes de mayor crecimiento en el mundo y una de las violaciones más graves a los derechos humanos».
Por todo ello, la Defensora agradece y reconoce el esfuerzo que el Estado de Costa Rica ha llevado a cabo para «dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el país, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus Protocolos complementarios: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar, la trata de personas, especialmente de mujeres y niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra, mar y aire»,
Sin embargo, parecen impresicindibles más acciones para combatir «este flagelo». En primero lugar Ofelia Teitelbaum recuerda que se trata de un problema transnacional y que desgraciadamente todavia impera cierta impunidad para los traficantes. «Esta impunidad obedece a diversos factores tales como el desconocimiento de las autoridades respecto al modo de operar de los delincuentes, así como de los elementos constitutivos del delito de trata de personas y la incorrecta aplicación de la ley». Esto se debe a que en gran parte «se sigue confundiendo el delito de trata de personas con tráfico de personas migrantes». Por ello indicó que uno de los retos más apremiantes consiste en es «la capacitación a funcionarios y funcionarias judiciales y policiales sobre este tema, junto a la definición clara de una política de persecución del delito y por su puesto al fortalecimiento de los canales y niveles de coordinación entre los Estados, pues es claro que este es un delito trasnacional que obliga a fortalecer las alianzas y compromisos entre países en la lucha por su erradicación».
En segundo lugar, consideró que otro reto para Costa Rica radica en la construcción de albergues que cobijen a las víctimas. Se trata de una medida ya aprobada pero que se ha retrasado «por la lentitud en el trámite de la creación de los fideicomisos para poder dar uso al dinero destinado para el combate de la trata de personas».
Otra de las medidas pendientes radica en «el mejoramiento de la recopilación de datos sobre las tendencias y manifestaciones de la trata de personas a fin de conocer el funcionamiento de las bandas y lograr su desarticulación».
Por último indicó que sería convenienente emprender «actividades de capacitación y sensibilización» dirigidas a funcionarios públicas para que puedan «abordar la tolerancia social que existe sobre las diversas formas de explotación que derivan de la trata de personas». De este modo podría hacerse más fácil el proceso de «detección y atención temprana por parte de las autoridades»
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de Costa Rica