La Defensoría de los Habitantes solicitó públicamente al Gobierno de la República una revisión urgente y exhaustiva de los gastos que originan las instituciones públicas, valorar la adecuación de los plazos de endeudamiento y apoyar con determinación medidas alternativas de ahorro para contrarrestar el fuerte impacto que están viviendo las economías familiares ante los continuos aumentos en los servicios públicos, en especial, la electricidad y los combustibles.
Para la Defensoría, en muchos hogares rurales y urbanos, los salarios mínimos con dificultad alcanzan apenas para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, a lo que se suman que los costarricenses sufren hace varios meses resistiendo las alzas en sus bolsillos. Estos incrementos en los recibos eléctricos y de combustibles afectan a todos, pero en mayor medida a los sectores de menores ingresos y a a aquellos competitivos como el industrial.
La Defensoría de los Habitantes considera indispensable que si el Gobierno apuesta, por ejemplo, por la integración de una comisión que discuta alternativas para el futuro energético, también analice con prontitud medidas a corto plazo que vengan a contribuir a la atención del impacto actual de las tarifas y su repercusión en la inflación.
Debe prestarse atención a recomendaciones realizadas por diversos sectores de la sociedad con tendencia a analizar opciones como el establecimiento de tarifas diferenciadas donde sea más baja en algunos tiempos del día y más alta en horas de mayor demanda. Además, también sería interesante estudiar con prontitud la posibilidad de agilizar proyectos que aumenten la generación de energía con biogás o paneles solares.
En el caso de los constantes incrementos en los combustibles, no solo genera efectos negativos en el transporte, pues los hidrocarburos mueven la economía, sino también en el aparato productivo, la agricultura y toda actividad comercial, por lo que se debe revisar la metodología de ajuste.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de Costa RIca