La existencia de factores sociales, culturales, económicos y políticos, entre otros, se convierten en barreras que dificultan el ejercicio de derechos por parte de las mujeres con discapacidad. De conformidad con el Censo Nacional del 2011, en Costa Rica viven 452.848 personas con algún tipo de discapacidad quienes representan el 10.5% del total de la población; de ellas, 297.050 personas tienen entre 15 y 65 años y el 54% de estas personas (162.022) carece de empleo.
El alto índice de desempleo suma a muchas de estas personas a la pobreza. Las mujeres con discapacidad enfrentan mayores porcentajes de desempleo que los hombres debido a concepciones culturales en la sociedad, lo que hace que se les recluya en sus casas de habitación y se les ponga a cargo de las actividades domésticas, dejándolas sin posibilidades de participar en el ámbito laboral y público para el logro de su autonomía e independencia.
«Las consecuencias de la discapacidad son especialmente graves para las mujeres y las niñas quienes se enfrentan a una doble discriminación: por ser mujeres y por su discapacidad, lo que las expone a mayor violencia de género, abusos sexuales, abandono, malos tratos y explotación, y a una clara vulneración de sus derechos humanos a la educación, el trabajo, la salud, y la vivienda, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres con discapacidad sufren de desigualdades en la contratación, la remuneración por igual trabajo, en el acceso a la capacitación, poca o nula participación en la toma de decisiones políticas y económicas, además de la invisibilización», manifestó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.
Camino por recorrer
La Defensoría de los Habitantes ha venido realizando inspecciones en varios hospitales del país, evaluando la atención especializada a las mujeres, que por supuesto incluye a las mujeres con discapacidad. Hemos inspeccionado camas de ultrasonido y mamógrafos para verificar que se adaptan a la población con discapacidad pero muchas veces no se ajustan a las necesidades de estas pacientes para no «descalibrarlos», violentando de esta forma los derechos de las mujeres con discapacidad.
Se han detectado problemas estructurales que dificultan la entrada a consultorios y servicios sanitarios de mujeres en sillas de ruedas porque las puertas son muy estrechas así como problemas de accesibilidad en las rampas, las que muchas veces resultan peligrosas para las personas con discapacidad. Todas estas situaciones se convierten en barreras que se han ido levantando en contra de las mujeres con discapacidad y que deben ser erradicadas para asegurarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Por ello la importancia de la «Agenda Política para Mujeres con Discapacidad» que se presentará hoy martes 07 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde, en la Casa Presidencial. Esta agenda es un instrumento propositivo que integra una serie de ejes temáticos y objetivos estratégicos para lograr el acceso a la justicia, la participación política, el derecho a la salud sexual y reproductiva, al trabajo y empleabilidad así como mecanismos de protección contra la violencia intrafamiliar, con el objetivo de posibilitar la eliminación de la discriminación por razón de discapacidad. La agenda retoma los aportes de representantes de la sociedad civil, familiares de personas con discapacidad funcionarios y funcionarias públicas.
Por ello, la Federación Costarricense de Organizaciones de Personas con Discapacidad (FECODIS) en coordinación con la Vice-Presidencia de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Fundación Frederich Ebert, han unido esfuerzos para lograr la inclusión de estas mujeres en igualdad de condiciones al resto de la población, mediante la elaboración de esta agenda de trabajo.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica