La Defensoría de los Habitantes insistió ante la Asamblea Legislativa en la inconveniencia de mantener una amnistía tributaria, la cual permite que los deudores de cargas tributarias con diversas instituciones del Estado como el IMAS, IFAM, INDER, y eventualmente hasta el impuesto sobre la renta y aranceles, no paguen intereses de sus deudas tributarias, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo.
“En abril del 2018 cuando presentamos nuestro primer informe sobre el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas fuimos claros en que la reforma se requiere http://www.dhr.go.cr/transparencia/jerarcas_decisiones/proyectos_de_ley/2018/DH_0266_2018.pdf y seguimos insistiendo que todos los sectores de la población deben honrar sus obligaciones tributarias pues sería una total contradicción en relación con el espíritu de la reforma que por un lado se pretenda combatir la evasión y por otro lado crear consciencia en la sociedad costarricense sobre la responsabilidad, según su capacidad e ingresos, contribuir con el Erario Público y de cumplir a tiempo con sus obligaciones”, dijo el Defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero.
De igual manera hizo un llamado a los costarricenses para que se reconozca que la situación presupuestaria del Gobierno Central es compleja y seria, pues desde el año 2009 el déficit fiscal viene creciendo progresivamente, al punto, que datos del Banco Central, indican que en 2018 llegará al 7.2 por ciento del Producto Interno Bruto. Considera que si seguimos considerando únicamente el enfoque financiero – recorte de gastos e incremento de ingresos fiscales- los resultados para el Estado de derecho serán muy negativos en procura de la realización efectiva de los derechos humanos de todas las personas.
La Defensoría recordó la necesidad que se tenga claridad con los límites exentos en el consumo de servicios fundamentales como la electricidad o el agua; exonerar por completo el transporte público regulado tarifariamente por la Aresep; que no haya exoneración al uso de espacio publicitario o promocional exclusivo para fines propios realizados por las televisoras y emisoras de radio ni de las cuotas de afiliación pagadas a Colegios Profesionales y cámaras empresariales, entre otros.
La Defensoría informó que comparte la tesis de gravar la canasta básica con el 1% del IVA, que es la menor tasa imponible que permite mantener la trazabilidad del sistema y cerrar portillos para la evasión. Se comparte la idea de que se defina un mecanismo de devolución de recursos a los sectores de la población en condición de pobreza como una forma de atenuar la regresividad del impuesto y lamenta que no se haya incorporado que esos recursos se destinaran al régimen no contributivo de pensiones que administra la CCSS. También recomendó incluir en un transitorio independiente lo relacionado al sector agropecuario que produce bienes para la canasta básica, para evitar que se amplíe la exención a prácticamente todo el sector agroindustrial.
También reiteró la necesidad que se preste atención a la situación del gravamen a medicamentos, educación privada, entre otros servicios y valorar la posibilidad de que se defina una tasa “universal” para las ganancias y rentas de capital que proporcione la misma recaudación que se espera con el esquema impositivo propuesto.
Otros aspectos que se refirió ampliamente la Defensoría en este segundo informe técnico tiene relación con la necesidad de ordenar y racionalizar el empleo público, tomando en consideración el respeto de derechos adquiridos; poner cuidado nuevamente en una posible eliminación de la obligación del Estado de aportar recursos al principal fondo de combate a la pobreza con la reforma planteada al artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y, tener claro en el análisis lo relacionado a la amnistía para el sistema bancario nacional. Oficina de Prensa Defensoría de los Habitantes.