En los últimos días el país se ha polarizado profundamente, y la crispación ha llegado a niveles de manifestaciones de odio y violencia, de insulto y exclusión, que ya se han vuelto intolerables para muchas personas, grupos y poblaciones, incluso afectando el pleno goce de sus derechos humanos y la convivencia social. 

Costa Rica es un pueblo reconocido por el diálogo, su vocación cívica y la solución pacífica de sus diferendos, reputación que dista mucho de los insultos, burlas, expresiones de intolerancia y odio, así como los llamados a la violencia que los y las costarricenses hemos presenciado en los últimos días a través de redes sociales y medios de comunicación. 

La Defensoría recibió, esta semana, información recabada por el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) que da cuenta de casos de agresión verbal y física a personas LGBTI, con un incremento desproporcionado desde el día de las elecciones. Asimismo, se han recibido reportes a través de redes sociales de presuntos casos de violencia contra ese colectivo.  La Defensoría ha recibido además información de personas de la comunidad LGBTI que han sentido temor, en el ambiente que se vive, para ejercer sus derechos políticos.  También ha recibido manifestaciones sobre el temor que sienten personas de la sociedad civil que defienden los derechos de estas poblaciones. 

Por otra parte, si bien la Defensoría de los Habitantes no ha recibido información específica sobre casos de violencia o discriminación en contra de las personas por sus creencias religiosas, se han dado manifestaciones de intolerancia en redes sociales que no contribuyen a la construcción de un diálogo democrático y pacífico. La libertad religiosa y de culto, también está resguardada por la Constitución Política y los tratados de derechos humanos para asegurar el respeto a todas las creencias, de manera que las prácticas y manifestaciones religiosas y espirituales también puedan darse sin ningún temor. 

 

Discursos de odio y violencia

La Defensoría recuerda a toda la población que el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano, garantizado por la Constitución. Sin embargo, no es un derecho irrestricto, pues los abusos que se cometan en su ejercicio pueden acarrear responsabilidades civiles y penales. 

Pero más allá de esas responsabilidades, la Defensoría manifiesta su repudio a manifestaciones que llaman a la violencia y a restringir los derechos de las personas por pertenecer a un determinado grupo. 

Según el Plan de Acción de Rabat, que define los elementos de los discursos de odio, estas no son expresiones meramente ofensivas, sino aquellas que buscan hacer un daño, mediante la hostilidad, la discriminación y la violencia, hacia una persona o grupo de personas por pertenecer a un determinado grupo social o demográfico. Esas expresiones, se consideran discursos de odio porque se dan en un contexto determinado, en el que ese daño, hostilidad, violencia o discriminación, se torna posible. Son elementos particularmente relevantes para el discurso de odio el contenido del mensaje, su alcance, el estatus o la posición de quien realiza esas manifestaciones –en particular su reconocimiento en un grupo específico. 

El contenido de los mensajes que se han escuchado en redes sociales en las últimas semanas, y que se han agudizado con ocasión de la entrada a clases, y difundidos por redes sociales y medios de comunicación, revelan manifestaciones que hacen llamados a la negación o restricción de derechos hacia un grupo de la población (definición misma de discriminación), a la violencia, la muerte o, incluso, al exterminio. 

Esos llamados, se dan en un contexto de tensión y que, frente a los hechos de violencia reportados públicamente, revelan que, en el contexto actual, existe la posibilidad de que puedan generar violencia, hostilidad y discriminación. Estamos por lo tanto, frente a manifestaciones de odio que el Estado costarricense no puede permitir y respecto de los cuales ha fallado, durante décadas, en su obligación internacional de establecer un marco normativo para su prevención, prohibición y sanción. 

Estas manifestaciones adquieren un tono más grave cuando quienes las realizan o las promueven ejercen un liderazgo en un grupo, incluidos los líderes políticos, religiosos, pero también docentes, líderes comunales o líderes de opinión, aunque no desempeñen una posición formalmente reconocida. Las personas funcionarias públicas, incluidas los y las docentes, tienen una obligación agravada de evitar cualquier manifestación de odio y contribuir con su prevención. 

La Defensoría reconoce los distanciamientos que algunos personajes políticos y líderes religiosos han tomado respecto de las manifestaciones de violencia y odio. También resalta el llamado de representantes de una docena de creencias, fes, espiritualidades y religiones, convocadas por del Foro Interreligioso de Costa Rica en la sede de la Defensoría, “a que con respeto a las diferencias, busquemos una convivencia en armonía y construyamos responsable y pacíficamente, a través de la participación política consciente, un futuro mejor para todas las personas que habitamos en Costa Rica”.  

En el contexto actual y frente a los actos de violencia, es urgente que cesen los llamados a la discriminación, la hostilidad y la violencia, hacia cualquier colectivo, así como las manifestaciones que atizan el odio. Los líderes nacionales, regionales y locales, de toda índole, pero en especial aquellas que desempeñan cargos públicos o aspiran a hacerlo, tienen una obligación mayúscula de evitar azuzar estos mensajes y -por el contrario- de repudiar cualquier expresión que llame a la negación o restricción de derechos, la violencia o la hostilidad hacia cualquier grupo o población. 

Defensores de derechos humanos

La Defensoría manifiesta su profunda preocupación por el temor que han expresado algunas personas defensoras de derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTI, que podría incidir en su trabajo, y por la total ausencia de mecanismos específicos para su protección en el Estado costarricense. 

El Estado costarricense tiene una obligación de asegurar las condiciones necesarias para que los y las defensoras de derechos humanos puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.   La Defensoría de los Habitantes, a la luz de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, conocida de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, llama a los órganos correspondientes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, a tomar todas las medidas necesarias para establecer mecanismos de denuncia y de protección efectivos y ágiles. 

Denuncia

 

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las personas que sufren amenazas y agresiones –de cualquier índole- a que denuncien estos hechos ante las instancias judiciales correspondientes. Lamentablemente, el temor y la desconfianza son elementos que, en el contexto actual, inhiben a muchas de estas personas a hacerlo. 

Las autoridades judiciales deben, por lo tanto, tomar las medidas que sean necesarias para asegurar un clima de confianza que permita a quienes sufren actos de discriminación y amenazas denunciar, así como establecer un mecanismo de registro de estos hechos, cuando estos hechos tienen un tinte discriminatorio, es decir, de negación de derechos hacia algún grupo, por algún motivo reconocido, por ejemplo, sexo, credo, orientación sexual, identidad de género o cualquier otro. 

La Defensoría de los Habitantes, dentro de los límites de su competencia, también ofrece sus distintos medios (teléfono, correo electrónico, app y cada oficina, tanto su sede como las seis oficinas regionales) para consultas y recibir denuncias por actos u omisiones de instituciones públicas o funcionarios públicos.

Paz electoral

Los costarricenses han manifestado, en una primera ronda electoral, su voluntad mediante el voto, voluntad que debe ser resguardada por la institucionalidad y respetada por toda la población. El 4 de febrero se vivió una jornada pacífica y democrática, y ese debe ser el espíritu que impere durante la campaña y el día de la segunda ronda electoral, el 1 de abril. 

La Defensoría de los Habitante hace un llamado a todos los y las líderes políticos, y a todos los conglomerados sociales a contribuir con esa paz y a promover una discusión de altura y de fondo, para que se cumpla el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones a ejercer un voto informado. 

Indistintamente de la persona a quien los costarricenses libremente elijan para guiar los destinos del país al finalizar el actual proceso electoral, todos y todas quienes vivimos en esta Noble Patria tendremos que trabajar en conjunto para enfrentar los retos del país y construir un futuro mejor para todos y todas, así como para las futuras generaciones. Los y las ciudadanas costarricenses tenemos una obligación, con esta Patria y la Historia de continuar caminando en pos de la construcción de una sociedad más justa, pacífica, democrática y libre. 

Costa Rica, su democracia, su paz y su vocación por el diálogo, deben seguir siendo un ejemplo para el Mundo.