La Defensoría de los Habitantes, ante las más recientes denuncias públicas, condena enérgicamente cualquier acto de intimidación, obstrucción o amenaza a quienes, desde los entes competentes, investigan los casos relacionados con algunos créditos del BCR, así como cualquier otro hecho que surja de dichas investigaciones.
La Defensoría manifiesta profunda preocupación ante posibles presiones, intimidaciones o amenazas a periodistas, medios de comunicación y autoridades públicas que informan o se convierten en fuente de información que aportan hechos relevantes en el marco de las indagaciones legislativas y judiciales.
En virtud de la relevancia de los acontecimientos y el interés público innegable, el Estado costarricense tiene una obligación de resguardar el más amplio espacio democrático de discusión y de denuncia, a la luz del precepto constitucional de que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”.
En ese sentido, el Estado está obligado a resguardar a quienes participan de ese debate, con especial atención a los y las periodistas. Lamentablemente, no existen protocolos ni mecanismos de protección específicos para comunicadores que sufren amenazas o intimidaciones por denunciar hechos de interés público. La Defensoría urge a las instancias correspondientes a establecerlos.
De igual manera se hace urgente establecer mecanismos de protección para toda persona denunciante de buena fe. Si bien es cierto actualmente estas investigaciones se encuentra en curso tanto en el ámbito legislativo como en las instancias judiciales competentes, la Defensoría recuerda a todas y todos los funcionarios públicos, la obligación de transparencia, colaboración y denuncia en el desarrollo de las investigaciones sobre hechos contrarios a la probidad en la función pública.
La Defensoría insiste que cualquier información relacionada debe ser puesta en conocimiento de los órganos respectivos, y quienes lo hagan no pueden ser objeto de represalias.
Oficina de Prensa
Defensoría de los Habitantes