La Defensoría de los Habitantes mostró hoy su preocupación porque el Estado solidario que ha caracterizado al país por décadas cada vez está más desdibujado en materia de equidad e inclusión social y es mucho más violento e intolerante al respeto de los derechos de las personas, en especial, a los grupos de población vulneralizadas.
Así resumió esta tarde la Defensora, Ofelia Taitelbaum, la situación que los y las habitantes pusieron en conocimiento de la institución durante el último año y, el cual, fue comunicado hoy a las y los señores diputados, como parte del informe anual de labores 2009-2010.
La jerarca dijo que el país debe impulsar políticas públicas que no se caractericen por una visión de corto plazo, de duplicidad de funciones, falta de coordinación institucional y serios problemas de dirección política, muchas veces por estar al margen de las responsabilidades normativas que les corresponden a las instituciones, estableciéndose por ejemplo, rectoría de sectores de acción gubernamental, al margen de las disposiciones legales y peor aún, pues en muchas ocasiones varían con los cambios de gobierno, como sucede con el tema de la atención de la pobreza.
Un ejemplo claro, de esa falta de eficacia en la gestión de las políticas públicas, se encuentra en la Ley N. 7769, para la Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza y en el Programa de “Madres Comunitarias”. En el primero caso, la Defensoría ha detectado un problema serio de dirección y una voluntad precaria para ejecutar la estrategia integral de intervención diseñada en los últimos años, para atender las necesidades especiales de las mujeres en condiciones de pobreza según sus distintos perfiles. Los recursos existen, la ley está dada, la necesidad de esta población es evidente y su atención es prioritaria, pero se mantiene sin una coordinación institucional eficaz y además con el incumplimiento de responsabilidades de algunas instituciones, que redunda en falta de acciones concretas o incompletas para el bienestar de esta población.
En el segundo caso, del “Programa de Madres Comunitarias”, si bien, se trata de una iniciativa importante contemplada en la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, que pretende apoyar la inserción laboral de las mujeres, lo preocupante es que a las madres comunitarias, no se les han reconocido derechos laborales de ningún tipo, ni cuentan realmente con el apoyo y supervisión correspondiente y esto también debe cambiar. Estas contradicciones deben ser superadas y por ello, la Defensoría, respetuosamente insta a esta Asamblea Legislativa a tramitar con prioridad el proyecto de ley del expediente número 17158, para el “Reconocimiento de los Derechos de las Madres Comunitarias”, entre otras acciones.
Otro ejemplo, es el del Programa Avancemos, sobre el cual ya la Defensoría se ha manifestado. La Defensoría reconoce que ha sido una valiosa iniciativa y que debe continuar. Pese a ello, también se es concientes de que se requieren ajustes estructurales en los alcances y en su población meta, para que sea más inclusivo y de mayor incidencia en la sociedad. Al respecto, preocupan varias cosas: la limitada capacidad institucional para responder a las nuevas solicitudes; la necesidad de ampliar la cobertura por edad; la posible exclusión de jóvenes que pertenecen a familias disfuncionales, quienes necesitan este incentivo, pero que no califican por no ubicarse en los niveles de pobreza establecidos como requisito; y la inexistencia de legislación que garantice el giro de recursos bajo criterios estrictos y objetivos de necesidad verdadera.
FUENTE: Defensoría del los Habitantes de Costa Rica.