En los últimos años la Defensoría de los Habitantes ha venido advirtiendo que el sistema tributario costarricense se caracteriza por una estructura impositiva de tendencia regresiva (desfavorable) para el sector de la sociedad con menos recursos económicos.
La preocupación de la Defensoría radica específicamente en los impuestos indirectos (ventas y consumo) ya que este impuesto no discrimina entre habitantes de ingreso bajo, medio o alto; siendo que todo habitante tributa la misma suma específica de dinero si compra el producto -13%-, lo cual constituye una carga mayor respecto al ingreso, para las y los habitantes de escasos recursos.
Conociendo con detalle las propuestas que en los últimos 20 años se han presentado para discusión, la Defensoría puede resumir su criterio en relación con una reforma tributaria que permita al Estado cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, de la siguiente manera:
-Atenuar la regresividad del actual sistema tributario costarricense a partir de un mayor énfasis en impuestos directos, particularmente el de renta.
-Considerar la revisión de un sistema cedular, que significa el pago de impuestos segregado según la fuente de ingresos a uno de renta global, referente al pago de impuestos sobre el total de los ingresos que se perciben.
-Revisar la idoneidad del actual impuesto sobre las ventas (sobre bienes o mercancías) y considerar al impuesto al valor agregado (IVA) que asegure una corrección de las deficiencias del actual impuesto.
La Defensoría considera que la regresividad del actual impuesto de ventas puede atenuarse con el IVA, si se cumplen dos condiciones:
1. Si se amplía la base gravada a la mayor cantidad de bienes y servicios posible, particularmente a aquellos que son consumidos por los sectores de la población con mayores recursos.
2. Si se diseña una adecuada lista de bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades fundamentales de las personas en materia alimenticia, educativa, transporte público y salud, entre otros; con énfasis en aquello que consumen los sectores de la población con menores recursos.
-Es necesario a su vez fortalecer las condiciones técnicas, de recursos y normativas de la actual Autoridad Tributaria. Ninguna reforma tributaria rendirá los frutos esperados, si la entidad encargada de fiscalizar y recaudar no está suficientemente fortalecida.
La Autoridad Tributaria requiere de las mejores condiciones para cumplir con sus cometidos, particularmente para luchar contra la evasión. Esto es consecuente con la recomendación de la Relatora de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y Derechos Humanos de “invertir recursos económicos y voluntad política en el fortalecimiento de las autoridades tributarias nacionales”.
Asimismo, coincide la Defensoría con la Relatora en cuanto a que “los derechos de participación, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información son principios fundamentales de derechos humanos que se aplican a las políticas fiscales”
FUENTE: La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica