Defensoría recibió 24.026 solicitudes de intervención en 2017
La Defensoría de los Habitantes recibió en 2017 un 5% más de solicitudes de intervención con respecto al 2016, siendo que el total de habitantes que presentaron consultas y denuncias sobre el quehacer del sector público alcanzaron las 24.026 actuaciones. El 38% provinieron de San José, seguido por Alajuela y Puntarenas con un 18% y un 16% respectivamente. Las provincias que menos acudieron a la Defensoría en 2017 fueron Cartago con un 4% y Heredia con un 5%. Así lo hizo ver esta tarde el Defensor de los Habitantes en Funciones, Juan Manuel Cordero González, durante la presentación del Informe Anual de la Defensoría ante el Plenario Legislativo.
En el mismo expuso un repaso de los acontecimientos más importantes atendidos por la institución en los últimos 25 años y su impacto. Además de una radiografía del trabajo realizado en el último año y su incidencia. Como ha sido característico en los últimos años, los y las habitantes de Pérez Zeledón son quienes más denuncian ante la Defensoría de los Habitantes con cerca de un 45% del total, seguidos por el Cantón Central de San José con alrededor de un 20% y Desamparados con menos del 10%. Con respecto a Alajuela, segunda provincia que presentan mayor demanda de los servicios institucionales, San Carlos es el cantón que recoge cerca del 50% de total, seguido por el Cantón Central con poco menos del 25% y San Ramon con un 5%. En Puntarenas el cantón central recoge el 50% del total de reclamos de la provincia, seguido por Corredores y Buenos Aires con un 12% y 10% respectivamente. De las 24.026 solicitudes de intervención recibidas por la Defensoría en 2017, el 55% corresponden a mujeres y un 45% a hombres.Por ejemplo, las mujeres de las provincias de San José y Guanacaste denuncian 1.7 veces más que los hombres, mientras que en Cartago, Limón y Alajuela los hombres, por un margen pequeño, denuncian más que las mujeres.
En cuanto a edad, el mayor porcentaje de quejas la presentan personas con edades entre los 25 y 44 años. Del total de personas que acuden a la Defensoría, más del 50% tienen, como máximo, educación primaria completa y si se agrega a quienes no han termina secundaria se obtiene que el 70% de las personas que solicitan los servicios no han concluido la educación general básica. Este resultado llama la preocupación de la institución defensora ya que no solo se trata de que a las personas con baja escolaridad se les vulnera sus derechos sino que del total recibido durante el 2017, un 43,7% de las denuncias provienen de mujeres bajo esta condición. Respecto a las entidades públicas más denunciadas los datos muestran una alta concentración en materia de vulneración de derechos en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Educación Pública. De cada cinco denuncias que se plantea contra una entidad una va dirigida contra el IMAS, desagregando este dato se obtiene que un 47,5% proviene de Pérez Zeledón y un 22% se ubican en el cantón de Puntarenas. Lo anterior muestra un comportamiento atípico a nivel nacional donde la entidad más denunciada muestra una alta concentración geográfica en dos localidades.
Oficina de Prensa Defensoría de los Habitantes