La aplicación de antiretrovirales se implementa en el Hospital de San Carlos a víctimas de violación sexual, tras la intervención de la Comisión de Personas Usuarias del Poder Judicial San Carlos (CPU San Carlos) en la que participa la Defensoría de los Habitantes.
Esta iniciativa fue planteada por dicha Comisión y por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial de San Carlos, para acortar el tiempo en los trámites que realizan las víctimas en las primeras 72 horas después de sufrir un delito sexual.
Los antiretrovirales se aplican para evitar la transmisión del VIH-Sida o el contagio de alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Pero no todas las víctimas de violencia sexual ameritan la aplicación de estos medicamentos, sino que aplica sólo en el caso de una violación que haya ocurrido en las últimas 72 horas y la decisión final de aplicar o no los antiretrovirales la toma el médico forense.
“El interés por la aplicación de los antiretrovirales a víctimas de delitos sexuales, surgió dentro de la Comisión al enterarnos por medio de funcionarios del OIJ que las víctimas debían ser trasladadas hasta los centros de salud del GAM, ya que en el Hospital San Carlos no se tenía este servicio”, explicó Alina Paniagua, funcionaria de la sede regional de la Defensoría en
San Carlos.
Esta situación generaba muchas horas de viaje, erogaciones económicas que en muchas ocasiones debían ser cubiertas por los propios funcionarios públicos, entre otras afectaciones que solamente tenían como consecuencia la revictimización de las personas, aseveró Paniagua.
La decisión se tomó a mediados de Mayo y el mismo día del acuerdo se debió atender el primer caso. La víctima fue atendida en menos de una hora, mientras que antes se tardaba hasta 18 horas por causa de los traslados.
La aplicación de los antiretrovirales a las víctimas de violación sexual se logró tras varias reuniones – desde agosto de 2014 – entre la Comisión y representantes de la CCSS y del Poder Judicial.
La CPU San Carlos está conformada por representantes de la sociedad civil, instituciones públicas como la Defensoría de los Habitantes, el INAMU, el Hospital San Carlos, el PANI, la Fuerza Pública, un representante de la Pastoral Social, el representante de los abogados litigantes y el Contralor de Servicios del II Circuito Judicial de Alajuela.
FUENTE: La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica