La Defensoría de los Habitantes y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura alertan a las autoridades competentes ante un agravamiento de las manifestaciones de violencia intracarcelaria entre personas privadas de libertad menor de edad y adultas jóvenes, a partir de una investigación que se realizó en los Centros de Formación Juvenil Zurquí y Atención Especializada Adulto Joven.
En el sistema penitenciario dentro de las secciones o dormitorios existen grupos de poder que luchan por el control carcelario. Estos grupos tienen líderes, denominados «Jachudos» quienes se hacen acompañar de otros privados de libertad llamados «cuadrillas», que buscan ejercer un poder coactivo sobre el resto de la población, en ocasiones de forma física y en otras es psicológica, según se logró constatar en entrevistas y visitas a los centros por parte de ambas entidades.
Las luchas por el poder dentro de los centros penitenciarios están relacionadas con el uso y trasiego de drogas, medicamentos, uso de armas, administración interna de las camas y alimentación, determinación de quienes pueden realizar actividades recreativas, deportivas e inclusive recreativas, además de quienes pueden recibir atención técnica o médica, es decir, quien puede salir del pabellón a realizarlas y quién no. También determina quienes pueden tener tenencias personales, y en muchos casos toman dichas pertenencias mediante el uso de la fuerza. Toma especial importancia la coacción sobre las personas que son obligadas a agredir a otras aunque no existan problemas entre ellas.
Debe recalcarse el hecho de que en muchos casos, las víctimas de la violencia intracarcelaria a veces indican que no pueden identificar a sus agresores, o simplemente indican que no tienen nada que decir. Se debe suponer que se abstienen de decir algo como un mecanismo de defensa para evitar que sus propios compañeros tomen represalias contra ellos. Por otra parte, las autoagresiones o automutilaciones son una de las formas de violencia más comunes dentro del programa penal juvenil.
Atención inmediata
Dada la situación de sobrepoblación los Centros del Programa Penal Juvenil se han convertido en espacios en donde se ejerce violencia entre pares, situaciones de violencia cuyos perpetradores y víctimas se encuentran en situación de vulnerabilidad y que requieren de una atención aún más especializada por parte de las autoridades estatales en cuanto a sus condiciones de prisionalización.
Respecto de la cantidad de personas privadas de libertad ubicadas en el CFJ Zurquí, y, particularmente, en la Sección de Adulto Joven Hombres, se constató que las condiciones de vida de las personas ubicadas en esta sección eran denigrantes. En un dormitorio con un espacio aproximado de 4 metros de ancho y 5 metros, 11 personas deben permanecer las veinticuatro horas del día, y según lo informaron las personas privadas de libertad, sólo tienen posibilidad de salir al sol tres o cuatro vez a la semana durante una hora. También se constató, y se considera como alarmante, que 54 personas se encuentran viviendo en el módulo de adulto joven, y algunas de ellas no cuentan con cama y duermen en el suelo. Otras personas han tenido que fabricar «camas» entre camarotes.
Las condiciones de espacio, higiene y convivencia se encuentran muy deterioradas. En la Sección G-1 y G-2 es preocupante el hecho de que en al menos dos de las celdas individuales, deban dormir cuatro personas en un espacio no mayor a 2 metros de ancho por 2,5 metros de largo, y de acuerdo con la dinámica de encierro ante los problemas de convivencia entre los internos, deben permanecer alrededor de 19 horas dentro de la celda, lo cual evidentemente coloca a la personas privadas de libertad en una situación de hacinamiento crítico.
Una de las mayores dificultades que atraviesa el CFJ Zurquí es la ubicación de la población privada de libertad en los dormitorios y secciones, ya que de acuerdo con la separación de categorías por género, edad y condición jurídica, se manejan diez categorías de población diferentes. Al 15 de noviembre de 2013 la población del CAE Adulto Joven era de 84 personas, y del CFJ Zurquí era de 214 personas.
Otra gran problemática son las dificultades por las que está atravesando el personal técnico, profesional, administrativo y policial de los Centros Penitenciarios, en cuanto a que el crecimiento de recursos humanos no ha sido proporcional con el crecimiento de la población privada de libertad.
Por otro lado, el déficit del personal de seguridad definitivamente afecta toda la dinámica institucional, ya que de éste dependen las labores de seguridad que se requiere para poder brindar la atención técnica, los procesos grupales, los programas de educación, las requisas a visitantes, las salidas médicas y muchas otras labores.
En lo que respecto a la población Adulta Joven, debe sumarse el hecho, especialmente en CFJ Zurquí, de que el personal atiende diferentes escenarios de población (menores de 15 años, menores de 18 años, adultos jóvenes, sentenciados e indiciados, además de las clasificaciones correspondientes al género, y los problemas convivenciales), y eso hace que materialmente sea muy difícil atender todas las tareas y responsabilidades que le corresponder al personal.
Al respecto, algunos de los jóvenes entrevistados durante la investigación manifestaron que es una práctica usual entre la población, guardar varias dosis diarias de medicamentos, con la finalidad de tomárselos en una sola oportunidad y así tener un efecto mayor, y permanecer bajos los efectos de las drogas. Esta situación en muchas ocasiones es aprovechada por la población, sea para agredir a otras personas, o para agredir a aquellos que permanecen bajo los efectos de los medicamentos.
En atención al CFJ Zurquí, es urgente que las autoridades diseñen una estrategia para que dicho Centro se concentre en la atención de las personas menores de edad. Tal y como se señaló anteriormente, la ubicación de la población privada de libertad adulta joven en ese centro, ha tenido como consecuencia la generación de disturbios a nivel intracarcelario y la disminución de los derechos de la población menor de edad, derechos tales como esparcimiento y capacitación.
En ese sentido, es necesario que las autoridades de Adaptación Social implementen en forma urgente la remodelación y ampliación del CAE Adulto Joven (se tiene conocimiento de que existe un proyecto de ampliación), con la finalidad de ubicar ahí a la totalidad la población masculina adulta joven, y que se programe a futuro los espacios de la población que tendría que ser trasladada desde el CFJ Zurquí.
En este mismo sentido, las mujeres privadas de libertad adultas jóvenes deben tener una respuesta similar en el Centro Penitenciario el Buen Pastor, una vez que dicho centro reúna las condiciones para albergarlas. Esto por cuanto el CFJ Zurquí en este momento no les está garantizando a las adultas jóvenes la separación de indiciada y sentenciada, ni el espacio más adecuado para su estancia.
Debe reconocerse que el Ministerio de Justicia ha tomado muy en serio esta situación y espera hacer todas las acciones correctivas pertinentes para atender la situación.
Formas de agresión
• Son regulares las agresiones físicas con puñetazos, tablas, palos de escobas, tablas de camarotes, y armas punzocortantes (loza sanitaria, cepillos de dientes, varillas, etc.). Estas agresiones aunque se dan de forma individual, ocurren principalmente en grupos. Muchas veces dichas heridas no tienen la finalidad de quitar la vida a la persona, sino de producirle un daño y evidenciar una situación de poder.
• Cabe indicar que muchas veces como una pedida de imposición se obliga a una o varias personas a agredir a otras aunque no existan problemas entre ellas; también ocurre que se les obliga a trasegar drogas ocultándola en sus cuerpos. Esto da muestra de la existencia de grupos de jóvenes organizados quienes ejercen el dominio y control en contra de varios de sus iguales.
• También se dan formas de intimidación cuando se le tiran a las personas pedazos de espuma encendidas con fuego, café caliente, botellas de agua, botellas llenas de orina, baldes de agua.
• Cuando las personas están acostadas o descansando, se les derrite también plástico caliente encima, les mojan la ropa, les amarran papel periódico en los pies o cintura y se les enciende fuego.
• Se ha llegado a conocer que algunos módulos existe una especie de modo de iniciación llamado el «capuchazo», de manera que a las personas que ingresan al módulo le tiran una cobija encima, y lo golpean de forma reiterada con puños, patadas y palos. Algunas veces los agresores se cubren los rostros para no ser reconocidos.
• Se llegó a tener información de la práctica de amarrar a algunas personas al camarote o cama para que quedasen inmovilizados y no pudiesen salir a las visitas familiares, obligando a realizar sus necesidades fisiológicas encima de sí mismas.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica