En una novedosa resolución jurídica, la fiscal María Antonia De la Rúa hizo lugar a la instancia de constitución en querellante particular formulada por Mario Alberto Decara en su carácter de Defensor del Pueblo, en la causa de volcamiento de líquidos cloacales sin el tratamiento correspondiente en el curso del Río Suquía, ya que se trata de “un delito ambiental de ofensa compleja, que afecta intereses colectivos y difusos, que gozan de protección constitucional”.
De la Rúa resolvió en tal sentido considerando que “el Defensor del Pueblo de la provincia, de acuerdo a su ubicación institucional, es un órgano “extra-poder”, que en consecuencia no integra ni depende de los otros poderes del estado. Que además, goza de un evidente carácter representativo de la comunidad, ya que para su designación es necesario contar con mayorías especiales, («la legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros, designa al defensor del pueblo… art. 124 de C. Provincial)”.
Además fundamentó su resolución afirmando que “entre sus funciones se encuentra comisionado para la defensa de los derechos colectivos o difusos entre los que se cuenta la Salud Pública y el Medio Ambiente (art. 124 Constitucional Provincial y art. 11 de la Ley 7741)”, y agregó: “la intervención del querellante particular en el proceso penal, se presenta como un derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, derechos de raigambre constitucional, en el que la víctima –en este caso, la comunidad- tiene derecho a una intervención relevante en el proceso penal, para la satisfacción de sus legítimos intereses”.
Finalmente, la fiscal indicó que “son de aplicación además, las razones que aconsejan dotar de mayor eficacia a la persecución penal en este tipo de delitos, en el que la admisión del peticionante por su ubicación institucional, y su competencia, puede redundar en beneficio de la presente investigación”.
FUENTE: Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina.