La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante hechos de violencia protagonizados en las últimas horas en distintos puntos del país, donde se han afectado predios e instalaciones de Tribunales Departamentales Electorales, en los cuales se han registrado incendios e intentos de toma de esas oficinas, como una forma de protesta hacia los primeros resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre.
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Después de realizar observaciones en manifestaciones durante las jornadas de protestas que han tenido lugar desde el viernes 18 de octubre, funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fueron objeto de agresiones de Carabineros de Chile pese a que se mantenían con el equipamiento institucional, consistente una credencial identificatoria, chaquetas amarillas y cascos del mismo color.
Un trabajo ininterrumpido ha desplegado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a lo largo de todo Chile, para resguardar los derechos de las personas en el contexto de las jornadas de protestas. “Hemos estado en terreno reuniendo información relevante sobre el estado de las personas heridas y detenidas, y las vulneraciones de que han sido víctimas”, señaló el director Sergio Micco.
El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos humanos también en los estados de excepción constitucionales y propender a que dichos estados duren solo mientras estén presentes las causas que han justificado su dictación.
El Poder Judicial es la institución mejor evaluada, según los resultados del quinto reporte anual del Índice de Transparencia en el Sector Público Costarricense (ITSP), dado a conocer esta mañana.
La Institución Nacional de Derechos Humanos, en el marco del paro nacional y el Estado de Excepción, que el país vivió del 2 al 13 de octubre de 2019, presentó siete informes técnicos defensoriales, con información detallada del monitoreo implementado a escala nacional sobre la situación de los derechos humanos de las personas afectadas. Ante lo cual, durante estos 12 días de manifestaciones se registró un total de 1192 personas detenidas, ocho personas fallecidas y 1340 personas heridas.
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha participado durante tres días en las 34 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se han celebrado en Sevilla y Tarifa (Cádiz). En el encuentro también han estado presentes los Defensores del Pueblo de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, y Cataluña.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, se reunió este miércoles 16 de octubre con la Embajadora de Portugal, María Gabriela Vieira Soares, con el objetivo de suscribir un acuerdo que le permitirá a la Entidad recibir apoyo para financiar acciones ya en curso relacionadas con temas de género, prevención del reclutamiento infantil y […]
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Han pasado 16 años de los hechos luctuosos que quedaron en la historia de Bolivia como el denominado “Octubre Negro”, una revuelta social en la que miles de personas de las ciudades de La Paz y El Alto se movilizaron en contra de las intenciones de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, y fueron reprimidos por una acción militar ordenada por el gobernante de entonces; una revuelta que duró un mes y terminó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó de las movilizaciones de obreros, indígenas y vecinos; con él se fue una cultura de menosprecio por los más vulnerables. Esta movilización social fue la suma de la aplicación de ajustes económicos, de lo ocurrido en la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, del “impuestazo” al salario decretado en febrero de 2003 que derivó en un enfrentamientos entre policías y militares.
Esta tarde, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, planteó a la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, la necesidad que Costa Rica cuente con una mejor regulación sobre los plaguicidas para proteger la salud pública y el ambiente. La Defensoría, llevó a cabo una investigación acerca del uso y consumo de plaguicidas en el país, particularmente en relación con los efectos de estos productos sobre la salud de los trabajadores agrícolas y la población expuesta a los mismos, lo cual afecta de alguna forma el efectivo y pleno disfrute de sus derechos fundamentales.