El Defensor del Pueblo de Ecuador, Dr. Freddy Carrión Intriago, presentó ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga los hechos del paro de octubre de 2019, su informe en referencia a las acciones institucionales realizadas en cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por dicha Comisión legislativa, en el marco de las vulneraciones de derechos humanos suscitadas durante las manifestaciones.
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Una vez más la Defensoría de los Habitantes muestra su preocupación por la brecha nacional existente en la participación política y elección efectiva de las mujeres, que quedó demostrada en los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo 02 de febrero.
“Resulta evidente la finalidad punitiva e intimidatoria de la acción de los funcionarios de Carabineros de Chile, quienes sin tener motivo alguno y con la sola finalidad de castigarlo por haberse manifestado, redujeron violentamente a la víctima para luego aplicar fuerza desmedida en su contra mediante golpes de pie, puño y mediante el uso de sus implementos contundentes, lo que le causó diversas lesiones y una fractura costal”, señala la acción judicial.
Al cumplirse 25 años de vigencia del derecho a la consulta previa este 2 de febrero. Al cumplirse 25 años de vigencia del derecho a la consulta previa en el Perú, la Defensoría del Pueblo anunció que viene elaborando indicadores para evaluar la implementación de las acciones realizadas por el Estado Peruano entre los años 1995 y 2020, sobre consulta previa a los pueblos indígenas.
Según relator especial de la ONU, Michel Forst, tras culminar misión oficial en el Perú. Tras culminar una misión oficial de trabajo en diversos lugares del país, donde se reunió con autoridades descentralizadas, el relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, sostuvo hoy que la Defensoría del Pueblo es un socio clave en la protección de personas defensoras de los derechos humanos.
La mañana de este lunes 3 de febrero de 2020, familiares de Édgar Yucailla, fallecido en el contexto del paro nacional de octubre de 2019, y representantes de las comunidades de la provincia de Chimborazo, acudieron hasta las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para expresar su total rechazo ante los hechos de violencia suscitados en el contexto de las protestas sociales y solicitar a la Institución Nacional de Derechos Humanos la vigilancia al debido proceso en las investigaciones realizadas sobre el fallecimiento del dirigente indígena Yucailla.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su preocupación por la situación de desprotección en las que se encuentran las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, por lo que instó al Estado a asumir acciones en ese sentido, y demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a aprobar medidas que garanticen y aseguren una efectiva protección a esta población.
Un llamado para que el general director de Carabineros, Mario Rozas, haga un discernimiento personal en el contexto de los últimos hechos de violencia en el país y que en las últimas 24 horas han dejado un saldo de dos personas fallecidas y otra en estado grave durante manifestaciones sociales, formuló el director del NDH, Sergio Micco,
Existen 636 procesos judiciales por generar botaderos o vertederos en trámite al 2018. Ante la acumulación temporal de residuos sólidos en el distrito de Santiago de Surco, la Defensoría del Pueblo recuerda que todos los gobiernos locales tienen el deber de prever medidas para garantizar que el servicio de recolección se realice de manera continua, regular, permanente, asegurando su calidad y cobertura. De lo contrario, las municipalidades pueden incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales.
Al brindar acompañamiento a la Caravana Migrante 2020, la CNDH recibió información que las autoridades mexicanas no permitieron el ingreso de forma masiva sino que brindaron indicaciones para ingresar por grupos de veinte personas / La CNDH exhortó a las autoridades de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, especialmente a la Guardia Nacional, a evitar hechos violatorios de derechos humanos y condena todo acto de violencia contra la integridad de las personas migrantes.