En el marco de la instalación del Encuentro Nacional de Personeros, celebrado en la capital de Antioquia, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, invitó a las primeras autoridades de control en distritos y municipios, a respaldar y promover el proceso de paz que lidera el Gobierno Nacional.
En su discurso, el funcionario invitó a los representantes del Ministerio Público a formar parte del Consejo Asesor de la Defensoría para afianzar su integración a los diferentes programas y desafíos de la Entidad, y desde allí velar por los derechos de las víctimas, asunto que en consideración de Otálora Gómez resulta fundamental en el proceso que comienza.
Las víctimas son un referente ético y jurídico imprescindible en la comprensión y tratamiento del conflicto, de la paz y de su consolidación, pues bajo cualquier perspectiva que se acoja, jamás el Estado Democrático podría eludir el reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y a la garantía de no repetición.
«Todas las autoridades somos garantes de que las víctimas puedan tener la condición de actores de primera línea en los diálogos institucionales», enfatizó el Defensor de Pueblo, quien se comprometió a liderar planes de asistencia a las víctimas del conflicto, en especial a los reclamantes de tierras que han sido despojados de sus predios por razón de la violencia.
De otro lado, Otálora Gómez reiteró su preocupación frente al panorama de la salud en Colombia, el cual calificó de desolador e intolerable, a la vez que urgió a los personeros a redoblar esfuerzos a fin de eliminar las múltiples barreras de acceso a este derecho fundamental, y de exigir a las empresas prestadoras una atención más digna, humana y de calidad.
Finalmente, y tras invitar a los representantes del Ministerio Público a integrarse en una red nacional para promover y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo llamó la atención sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al señalar que cada vez son mayores las quejas y reclamos por la mala calidad de los mismos, los cobros excesivos, los cortes arbitrarios y las sanciones desproporcionadas a los usuarios.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia