La Defensoría del Pueblo le recordó al Gobierno Nacional la necesidad de garantizar recursos suficientes y específicos para programas y planes que promuevan la protección de niñas, niños y adolescentes en todo el país.
Este año la Defensoría del Pueblo ha fortalecido los mecanismos y acciones para reducir los actos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional, que en el último año superó los 10.000 casos.
Para promover y divulgar los derechos de los menores, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ICBF, Procuraduría, Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y Medicina Legal trabajan de manera articulada desde el pasado 25 de febrero, a través de la creación de una ‘Sala de Crisis’, que busca dar respuesta efectiva e integral a violaciones de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Prueba de la consolidación de este equipo de trabajo se dio esta semana, con el secuestro de Jacobo Arbeláez Sierra, en el municipio de Carepa, Antioquia, cuando se activó el mecanismo que permitió retornar a la libertad del niño de cinco años de edad.
La Entidad se mostró optimista por los resultados que se puedan lograr con el trabajo articulado entre las diferentes instituciones y así evitar cifras tan dolorosas como las reportadas en el último año: 7.908 casos de maltrato infantil, 1.629 por explotación sexual (pornografía y turismo sexual), 313 por reclutamiento ilícito y 208 por acoso u hostigamiento laboral, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Frente a problemáticas de impacto nacional, la Defensoría ha realizado acciones colectivas orientadas a la garantía de restablecimiento de derechos. En lo que va del 2015 ya registra 250 asesorías a través de su Delegada para la Niñez, con las cuales busca que las diferentes entidades del Estado presten la atención debida a las niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos.
De la misma forma, la Defensoría del Pueblo ha venido adelantando un trabajo riguroso en materia de protección de los derechos de los jóvenes infractores que se encuentran privados de la libertad, en centros de atención que operan con dificultades en materia de infraestructura y en muchos casos se encuentran en peores condiciones que las cárceles.
Finalmente, la Entidad le recordó al Gobierno Nacional, que a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantice recursos específicos y suficientes a las entidades territoriales, para el desarrollo de programas y planes para la protección de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia