El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, instó a las autoridades competentes a adoptar medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de los líderes de procesos de restitución de tierras en diferentes regiones del país.
La muerte violenta el pasado 24 de noviembre de Oscar Mausa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarias de Blanquicet- Cootragroblan-, organización de víctimas que reclamaba la restitución de la finca “La Esperanza” en el municipio de Turbo en el Departamento de Antioquia, quien contaba desde septiembre de 2006 con medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH-, constituye un nuevo hecho de violencia que obliga a las autoridades a adecuar los esquemas de protección y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad de quienes reclaman la restitución de sus tierras despojadas.
Según información allegada a la Defensoría del Pueblo, el señor Oscar Mausa fue asesinado el pasado 24 de noviembre a las seis de la tarde en la vereda Cañito del municipio de San Juan Nepomuceno en el Departamento de Bolívar, lugar al que se había desplazado en busca de protección de su vida y de la de su familia desde el 2008, por reiteradas amenazas de muerte.
La muerte violenta del dirigente comunitario Oscar Mausa se dio en circunstancias similares a los homicidios de Albeiro Martínez y Hernando Pérez, líderes de población desplazada que participaban en procesos de restitución de tierras en la región de Urabá.
La Defensoría del Pueblo también consideró que el asesinato de los líderes que impulsan procesos de reivindicación de los derechos de la población desplazada en diferentes regiones del país puede poner en riesgo el proceso de restitución de tierras de comunidades despojadas de las mismas.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, así mismo, señaló que es pertinente insistir en la adopción de medidas de prevención y protección eficaces por parte de las autoridades competentes del Estado, dado que varios líderes asesinados contaban con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
FUENTE: Defensor del Pueblo de Colombia.