La Defensoría del Pueblo confirmó que entre los desplazados se encuentran hombres, mujeres, niños y niñas, los cuales pertenecen a los caseríos La Tórtula (22 familias), Casa Grande (23 familias) y Robles (15 familias).
Según información allegada a la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento fue ocasionado por un enfrentamiento entre unidades de la Infantería de Marina e integrantes de las FARC el pasado 31 de enero; en ese momento, según se informa, se desarrollaba una Asamblea de la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño (ACIESNA).
Adicionalmente, se han conocido varios casos de homicidios selectivos, cerca de 30 en los últimos meses en el municipio de Olaya Herrera, por parte de grupos armados ilegales que actúan en esa zona del departamento de Nariño.
La Defensoría Regional de Nariño ha puesto en conocimiento de las autoridades regionales estos hechos y la situación de intimidación en que viven los pobladores de este municipio de la costa pacífica nariñense por los actos de violencia contra las comunidades de que son responsables los grupos armados ilegales.
Informe de Riesgo
En el Informe de Riesgo 014-09, emitido el 17 de junio de 2009 por parte del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, se informó de los factores de amenaza y vulnerabilidad en que se encuentran los pobladores de los municipios de Olaya Herrera, La Tola, El Charco e Iscuandé, en el departamento de Nariño.
En el Informe de Riesgo se advirtió que grupos armados ilegales como las FARC (Frente 29 y 60), las nuevas estructuras ilegales post desmovilización de las Autodefensas (Autodefensas Campesinas de Nariño -ACN- y Águilas Negras), son responsables de los actos de violencia que se presentan en la costa pacífica de Nariño, en particular en los tres municipios señalados.
Acción defensorial
Frente a la situación que se viene presentando en esta región de Nariño, la Defensoría del Pueblo ha requerido de las autoridades regionales, civiles y militares, la adopción de medidas tendentes a brindar protección a la comunidad amenazada.
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, considera necesario avanzar en el diseño e implementación de, acciones y medidas eficaces de prevención y protección para superar el riesgo al que se ven expuestas las comunidades que habitan la costa pacífica nariñense.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de Colombia