La Corte Constitucional acaba de seleccionar en revisión una sentencia de tutela que inicialmente había sido rechazada por el Alto Tribunal pero que ante la insistencia del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, aceptó revisar y así estudiar la crisis carcelaria que enfrenta el país por cuenta del hacinamiento, que alcanza el 56% a nivel nacional y en algunas cárceles como la de Riohacha llega al 400%.
Esto implica que la Corte Constitucional analizará la solicitud de la Defensoría para adoptar medidas estructurales que permitan enfrentar el problema de hacinamiento y los demás relacionados con la vulneración de los derechos humanos de la población reclusa, en medio de la peor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente.
La Defensoría del Pueblo acudió a la Corte para que, al igual que hizo con los temas de salud (Sentencia T-760 de 2008) y del desplazamiento forzado (Sentencia T-025 de 2004), a través de la figura del estado de cosas inconstitucional, pueda sentar a todos los estamentos concernidos, tanto del orden nacional como territorial, para que adopten las medidas estructurales que permitan superar los problemas de déficit de atención institucional que han contribuido a agravar la crisis de respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
A juicio del Defensor, la crisis carcelaria no es un tema que se pueda solucionar cambiando la legislación o con una simple declaratoria de emergencia carcelaria, sino que se requiere la coordinación de las tres ramas del poder público. «El hecho de que la Corte Constitucional haya decidido seleccionar este caso, permitirá que todo el Estado se movilice de manera articulada en torno a la búsqueda de los mecanismos necesarios para mitigar los efectos de esta crisis», destacó.
El monitoreo que ha venido realizando la Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de unas 30 tutelas a lo largo y ancho del país, a través de las cuales los jueces han ordenado el cierre total o parcial de algunos centros de reclusión. Adicionalmente, Otálora Gómez ha denunciado de manera permanente que este problema se extiende a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o a los palacios de justicia, que a pesar de ser lugares de paso registran niveles de hacinamiento que llegan al 300%.
Por ese motivo, la Defensoría del Pueblo seguirá trabajando para que la Corte Constitucional siga seleccionando este tipo de sentencias de tutela con el fin de que las acumule en un gran proceso y así el alto tribunal tome las medidas necesarias para conjurar esta crisis.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia