El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortíz, rechazó el asesinato de cuatro personas en el municipio de Puerto Wilches (Santander), zona del Magdalena Medio e instó a las autoridades competentes de esa región a adoptar planes de prevención y protección, especialmente de los habitantes de las zonas más afectadas por la violencia en el Magdalena Medio santandereano.
Al parecer, dentro de las víctimas se encuentra una mujer embarazada, así como un ganadero identificado con el nombre de Orlando Quiceno, conocido comerciante del municipio de Cimatarra. En el hecho también fueron asesinados sus dos empleados.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, las víctimas fueron abordadas por hombres armados y, posteriormente, obligados a desplazarse en su camioneta hacia los cultivos de palma africana en la vereda La Italia, en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches.
Escenarios de riesgo para la población Civil
Cabe anotar que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo en forma reiterada escenarios de riesgo para el Magdalena Medio santandereano sobre la posible ocurrencia e incremento de hechos violentos sobre la población civil.
El SAT de la Defensoría del Pueblo ha advertido que los actores generadores de riesgo en las zonas urbanas y rurales del Magdalena Medio santandereano son los grupos armados ilegales que se autodenominan “Águilas Negras” y “Rastrojos” y que se disputan el control sobre la economía ilícita en esa región.
En la región del Magdalena Medio se han venido incrementando las acciones violentas por la presencia de actores armados ilegales que operan en la zona con la utilización de corredores estratégicos para el transporte de narcóticos y actividades ilícitas.
En la última Nota de Seguimiento que envío en el 2009 el SAT al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), se recomendó emitir la Alerta Temprana y coordinar con las autoridades territoriales y la Fuerza Pública la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo relacionadas con la adopción de medidas efectivas para neutralizar a los grupos armados ilegales, desactivar las redes de economía ilícita y garantizar la seguridad de los habitantes.
También se reiteró a las autoridades la necesidad de facilitar espacios de coordinación Interinstitucional con las comunidades, líderes y organizaciones en riesgo, con el propósito de elaborar los planes de prevención y protección.
La Defensoría del Pueblo instó igualmente a los cuerpos de investigación del Estado a esclarecer los asesinatos ocurridos en la madrugada del sábado y adoptar las recomendaciones de protección efectiva de la población civil frente a la ola de violencia que padece la región.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de Colombia
