Durante el debate de control político en el Senado sobre la situación humanitaria en el Puerto, el Defensor del Pueblo reconoció la voluntad y el esfuerzo del Gobierno, pero insistió en mecanismos adicionales para fortalecer la justicia y asegurar la inversión social sin descuidar la presencia de la Fuerza Pública.
Ejecutar los anuncios realizados en materia de inversión social, asegurar una política pública sostenible, fortalecer el aparato judicial y mantener la presencia militar con énfasis en el componente preventivo, fueron algunas de las propuestas realizadas por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, quien reconoció los esfuerzos del Gobierno Nacional en cabeza del propio Presidente de la República para superar la crisis humanitaria en Buenaventura, ello durante el debate de control político realizado a propósito de la situación actual en el Puerto.
El funcionario afirmó que no obstante la intervención de la Fuerza Pública, que incrementó los patrullajes con la asignación adicional de 380 policías y 400 infantes de marina, persisten las violaciones a los derechos humanos, reflejadas en hechos como las cinco muertes violentas que se produjeron durante la Semana Santa, las 65 situaciones de riesgo advertidas para la integridad de líderes sociales en esa ciudad y las presiones que siguen rondando a los padres de familia respecto al reclutamiento de sus hijos menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.
Según Otálora Gómez, este panorama obedece principalmente al reacomodamiento que buscan estructuras como «Los Urabeños» y «La Empresa» ante la reciente respuesta del Estado, que además del dispositivo de seguridad y la captura de 151 delincuentes, anunció inversiones cercanas a los 200 mil millones de pesos y creó una gerencia especial conformada por el Alto Consejero Presidencial para las Regiones, David Luna, y el Director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gabriel Vallejo. Vale la pena indicar que ésta última decisión respondió de manera directa a la solicitudes formuladas por la Defensoría respecto a la articulación interinstitucional para afrontar este desafío.
El titular de la Entidad insistió en que lo importante es que esos anuncios se materialicen y que el Gobierno, como lo ha dicho, atienda de manera integral y prioritaria la problemática de Buenaventura. El Defensor del Pueblo renovó su determinación para vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad por parte del Presidente de la República, sus ministros, y delegados.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el primero de enero y hasta el 14 de abril se habían presentado 63 homicidios en Buenaventura, incluidos 10 casos de desmembramiento. Las últimas muertes violentas se registraron en las comunas 11 y 12, donde al igual que en las comunas 2, 5 y 7 persiste el riesgo de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados post-desmovilización.
De hecho, el pasado 21 de abril la Defensoría conoció el caso de un padre de familia angustiado por la suerte de su hijo de 16 años, quien fue abordado e intimidado por presuntos miembros de la organización «La Empresa», a la vez que se recibieron versiones respecto a presuntas reuniones informales durante las cuales las llamadas «bandas criminales» notifican a los adultos sobre la necesidad de que sus hijos les «colaboren».
Durante 2013 fueron 35 las denuncias realizadas por esta práctica, la cual se suma a las restricciones de movilidad, que por cuenta de las fronteras invisibles ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo en barrios como San José, Muro Yusti, Pueblo Nuevo y la Galería Central. A estos hechos hay que añadir situaciones muy recientes como las amenazas que el pasado 20 de abril se conocieron en contra de los líderes del Espacio Humanitario de Puente Nayero, en el barrio La Playita, y los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, al parecer por parte de «Los Urabeños».
De cara a esta situación, y además de los 21 pronunciamientos (incluidos los informes de riesgo y las seis notas de seguimiento emitidas respecto al panorama de derechos humanos en Buenaventura), la Defensoría del Pueblo ha anunciado que próximamente establecerá una Casa de Derechos para atender y acompañar a las comunidades en riesgo, al tiempo que fortalecerá la planta de defensores públicos y convocará para el mes de Mayo a una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, a fin de elaborar un plan de acción que permita contrarrestar la creciente violencia contra las mujeres en el Puerto, donde el año pasado fueron asesinadas 13 de ellas.
A estas actuaciones hay que agregar la atención brindada por la Entidad, junto con la Personería Distrital para Buenaventura, a 360 familias desplazadas, equivalentes a 1.086 personas, que abandonaron sus sitios de habitación por las acciones violentas de los grupos armados ilegales.
Como es de conocimiento público, el mismo Defensor Jorge Armando Otálora Gómez, ha realizado tres visitas humanitarias a Buenaventura, la última de ellas el 28 de marzo de 2014, mientras que la Unidad Móvil de la Entidad recibió 447 declaraciones de víctimas del conflicto durante un recorrido efectuado entre el 24 y el 30 de noviembre del año pasado.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia