En los últimos doce meses la Defensoría del Pueblo ha emitido 35 informes de riesgo y 21 notas de seguimiento en 93 municipios de 24 departamentos del país. Las Farc y los grupos armados conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas se consolidan como los principales actores que generan amenazas para la población civil.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, se mostró preocupado por la persistencia en el riesgo que enfrenta un centenar de municipios del país por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, particularmente de los grupos guerrilleros y de aquellos conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas.
A través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo emitió entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 un total de 56 documentos de advertencia, correspondientes a 35 informes de riesgo y 21 notas de seguimiento, para 93 municipios de 24 departamentos del país (Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés Islas, Santander, Tolima, Vichada Amazonas y Valle del Cauca).
De la misma forma, el SAT ha venido advirtiendo que son las minorías étnicas las más afectadas por el conflicto: las comunidades indígenas en 25 documentos de advertencia y la población afro colombiana en 13 de las 56 situaciones riesgo, donde los principales actores armados que generan las amenazas son las Farc y los grupos conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas.
En el último año, dichos grupos armados ilegales aparecen reportados en 42 situaciones de riesgo advertidas. Esta categoría, según el SAT de la Defensoría agrupa las estructuras armadas conformadas por reductos de las AUC no desmovilizados y desmovilizados que retomaron las armas o nuevos integrantes.
En entre las organizaciones armadas figuran los grupos autodenominados Las Águilas Negras, Los Paisas, Los Gaitanistas o Urabeños, Los Rastrojos, el Bloque Meta y Libertadores del Vichada, cuyas acciones se registran con mayor incidencia en Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Antioquia, Arauca, Guaviare, Bolívar, Córdoba, Meta, Norte de Santander, La Guajira, Santander, Tolima, San Andrés Islas y Cundinamarca.
De la misma forma, las Farc se identificaron también en 42 de las situaciones de riesgo advertidas, particularmente en departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Caquetá, Tolima, Huila, Cundinamarca, Risaralda, Santander, Bolívar, Amazonas.
El Defensor Otálora Gómez se mostró preocupado porque persiste el riesgo de que los grupos armados ilegalesproduzcan homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual y de género, amenazas, extorsiones, despojo de bienes y tierras, enfrentamientos armados con interposición de población civil, secuestros y atentados contra la infraestructura eléctrica, vial, petrolera y de comunicaciones que afectan a las comunidades.
También resaltó que a medida que aumentan su control en un determinado territorio, estos grupos armados también incrementan su participación en las principales economías ilegales, particularmente la siembra de cultivos ilícitos, procesamiento y tráfico de narcóticos y minería ilegal, como lo corroboró durante su vista la semana pasada a Chocó.
Por último, la Defensoría del Pueblo ha conocido de amenazas de muerte mediante la circulación de panfletos, correos electrónicos, mensajes de texto, etc., en contra de servidores públicos, dirigentes de partidos políticos, líderes y lideresas sociales, comunales, sindicales, víctimas del conflicto armado, docentes y población desplazada. En el nivel urbano, la forma de acción de estos grupos armados ilegales ha generado el cobro de ‘vacunas’ y la extorsión a los comerciantes.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia