El Defensor del Pueblo rechaza el paro armado anunciado por las FARC y solicita de las autoridades competentes adoptar medidas de protección y garantizar la libre movilidad de las comunidades en esa región.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, solicita del Gobernador, de los alcaldes municipales del Chocó y de la Fuerza Pública la adopción de medidas efectivas de protección con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las comunidades que habitan la subregión del Atrato chocoano, a raíz de la posible restricción a la movilidad como consecuencia del anuncio, por medio de un panfleto, de la realización de un “Paro Armado”, por parte de integrantes del frente 57 de las FARC.
La Defensoría del Pueblo tuvo información sobre la circulación de un panfleto el 28 de febrero de 2012 en el municipio de Juradó en el departamento del Chocó, en el que el Frente 57 de las FARC – Bloque Iván Ríos – señala que declara un paro armado del 1 al 8 de marzo, prohibiendo la movilidad de la población por vía fluvial, terrestre y aérea en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Unguía, Acandí, , Bahía Solano, Bojayá, Juradó, Murindó, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, ubicados en la cuenca del Atrato.
El Defensor del Pueblo, considera que las limitaciones a la movilidad que buscan imponer las FARC sobre los habitantes de la cuenca del río Atrato y sus afluentes, afectan a la población indígena y afrocolombiana, sujetos de especial protección constitucional, dado que las vías fluviales, como los ríos Quito, Arquía, Cacarica, Opogadó, Babebará, Puné, Beté, Bebará, Murrí, Arquía, Bojayá, Napipí, Salaquí, representan los lugares de tránsito propios de la región.
La Defensoría del Pueblo informa a las autoridades competentes del nivel local, regional y nacional que la declaratoria de paro armado por parte de las FARC, puede implicar el confinamiento de comunidades negras y pueblos indígenas por la prohibición de no movilizarse a través de las vías usuales de acceso y tránsito de los territorios ancestrales, lo que puede generar desabastecimiento alimentario y la afectación a los servicios de salud, educación y transporte.
El paro armado anunciado por las FARC puede generar controles ilegales sobre la movilidad de las personas, el transporte de alimentos, los medicamentos y combustibles, por lo que urge una respuesta institucional integral que permita garantizar la protección del derecho a la vida, la integridad personal y la prestación de los servicios básicos que requieren estas comunidades en su vida diaria.
La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha informado a las autoridades competentes sobre el riesgo de probables violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de la población civil debido al accionar de los grupos armados ilegales en los municipios de Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Riosucio, Acandí y Unguía, Bahía Solano, Bojayá, Vigía del Fuerte, Carmen de Atrato, y Quibdó, por medio de informes de riesgo y notas de seguimiento emitidas en el año 2011.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia