El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, les solicitó a los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y del Interior, Aurelio Iragorri, y a la Directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, que se atienda de manera urgente a 23 familias del poblado La Honda en el municipio de Riosucio (Chocó) quienes se vieron forzados a desplazarse por la llegada de hombres armados del frente 57 de las Farc.
Otálora Gómez advirtió sobre la necesidad de prestar la atención debida a la población y de ofrecer las garantías para su retorno, luego que el pasado jueves 9 de enero de 2014 se registrara el ingreso de guerrilleros a una zona donde en los últimos dos años miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o ‘Urabeños’) han hecho presencia de manera esporádica ejerciendo un fuerte control al tránsito de embarcaciones, pasajeros, víveres y combustibles sobre el eje del río Atrato.
Según información entregada por la comunidad a la Defensoría Regional Urabá, la llegada de las Farc a este territorio llenó de temor a la comunidad que decidió desplazarse por vía fluvial, a través del río Atrato, hacía el municipio de Turbo (Antioquia) con el fin de resguardar su vida e integridad ante posibles enfrentamientos armados.
De acuerdo con el censo realizado por la Personería Municipal de Turbo se contabilizó la llegada de 89 personas de 23 familias, procedentes de la comunidad La Honda, Territorio Colectivo del Consejo Comunitario del Cacarica, en el municipio de Riosucio (Chocó). Del número total de víctimas del desplazamiento, 40 son personas adultas (21 mujeres y 19 hombres) y, 49 son niños, niñas y adolescentes. De esos niños, uno se halla en condición de discapacidad y por su delicado estado de salud fue hospitalizado de urgencia.
Por acompañamiento y gestión directa de la Defensoría Regional Urabá, el viernes 10 y sábado 11 de enero, se logró que las autoridades locales activaran el Plan Integral de Prevención y el Plan de Contingencia del Municipio de Turbo y convocaran a una sesión extraordinaria del Comité Municipal de Justicia Transicional con todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con participación de los líderes de la comunidad desplazada, con el fin de adoptar las medidas para la asistencia humanitaria, el alojamiento, alimentación, salud, educación de las familias afectadas.
Actualmente, las familias en condición de desplazamiento se hallan albergadas en las instalaciones de la Escuela Las Flores, y para su retorno al territorio, los desplazados exigen seguridad permanente de la Fuerza Pública, la adquisición o consecución de una embarcación de madera (bongos) con motor y combustible para el transporte de entre 80 y 100 personas, y la designación de una promotora de salud, pues no cuentan con ese servicio en la región.
Las comunidades requieren además apoyo especial en tres aspectos: 1) posibilitar la movilidad fluvial de las comunidades, 2) contar con botes y motores comunitarios, que permitan dar una oportuna y efectiva respuesta a las emergencias que se presenten, y 3) instalación de una antena de comunicación dadas las deficiencias en la señal de celular lo que resulta en graves dificultades para realizar oportunas alertas frente a situaciones inminentes de riesgo.
Riesgo advertido por la Defensoría
La Defensoría del Pueblo ha registrado que en el transcurso de los últimos años se han presentado graves vulneraciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades de la cuenca del río Cacarica, así como de la población del Bajo Atrato (municipios de Riosucio y Carmen del Darién). Estas situaciones han sido documentadas desde el año 2009 en los informes de riesgo y notas de seguimiento elaborados por Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría.
La Nota de Seguimiento 018 de noviembre 30 de 2012 y las comunicaciones escritas del 11 de septiembre de 2013 al Ministerio del Interior y a la Brigada 17 del Ejército Nacional, emitidas por el SAT de la Defensoría del Pueblo, han advertido la persistencia de los factores de riesgo de violaciones de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en la cuenca del río Cacarica por la dinámica de los actores armados ilegales, esto es, las FARC y los grupos armados ilegales post desmovilización que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños y Los Rastrojos.
Las acciones de las Farc en el Bajo Atrato buscan el control de los corredores estratégicos (frontera con Panamá) para el desarrollo de economías ilícitas asociadas a la comercialización de la coca y la regulación de la explotación ilegal de maderas, mientras que los grupos armados post desmovilización de las AUC intentan mantener el control armado sobre las zonas de producción ganadera y donde se concentran proyectos marítimos y fluviales como de explotación de recursos minerales.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia