El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, y el Representante de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, ofrecieron rueda de prensa por grave situación humanitaria en Riosucio, Chocó.
El Representante de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, y el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, encabezaron una Misión a la zona.
Con motivo de una misión para verificar el acceso al derecho a la salud en el Bajo Atrato chocoano, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DDHH), la Defensoría del Pueblo y ACNUR expresaron su preocupación porque, a pesar de las alertas emitidas con anterioridad, persisten las barreras de acceso a la salud, particularmente para los niños, niñas y adolescentes, población que sigue registrando muertes por enfermedades prevenibles y curables, la última de las cuales se produjo precisamente en la madruga de este lunes y tuvo como víctima a una niña de solo año y medio, cuya familia fue visitada por el Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo en el centro de salud Juan Bautista, donde se produjo su fallecimiento.
Desde julio de 2013, por lo menos 19 niños y niñas indígenas murieron por causa de enfermedades prevenibles en el municipio de Riosucio (Chocó). Esta situación se agudiza cada año durante la época de sequía cuando los problemas de calidad de agua son mayores. De hecho, y como resultado de dos visitas realizadas en enero pasado por ONU-Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y ACNUR a los resguardos indígenas asentados en las cuencas del Atrato, se obtuvo información acerca del fallecimiento de cuatro niños y niñas dentro de sus comunidades por vómito y diarrea, entre el 15 de diciembre y el 2 de enero, las cuales se suman al caso de la bebé reportado este 2 de marzo. Durante la visita, se evidenciaron problemas de contaminación de agua, deficiencias en la manipulación de alimentos, parasitismo intestinal y desnutrición, entre otros factores.
En una de las visitas se atendió a 40 niños y niñas de las comunidades indígenas, constatando que 35 de ellos presentaban enfermedad diarreica aguda, 19 reportaban síntomas de enfermedad respiratoria aguda, todos tenían afecciones en la piel y algunos tenían otitis, rinitis, asma y bajo peso. En la otra visita que incluyó a cuatro comunidades del Truandó, se atendieron 150 niños, 43% de ellos reportaban diarrea y 28% enfermedades respiratorias; adicionalmente fueron conocidos 7 casos de personas con discapacidad, entre ellos niñas y niños, que nunca habían recibido atención médica.
La persistencia de esta situación en las comunidades indígenas del Bajo Atrato chocoano evidencia graves deficiencias para brindar prestaciones de agua y salud adaptados a la realidad rural y étnica de esa zona, viéndose así vulnerados los derechos de la población al agua, la salud y a la vida digna.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y ACNUR han observado que, desde hace varios años, el centro de salud médico Juan Bautista Luna, único con atención de urgencias para los 28.879 habitantes de Riosucio, presenta graves deficiencias en la prestación de los servicios y carece de los instrumentos, medicamentos y medios adecuados para la atención. Esta situación se agrava porque, según la información documentada, el 41% de la población, cifra de afiliados a Caprecom en la zona, no es transportada para el acceso ambulatorio a la red de salud. De hecho, en el área donde se han presentado las muertes evitables de niños y niñas, las comunidades deben recorrer hasta 2 días para llegar a Riosucio y posteriormente hasta tres horas para llegar al hospital de Turbo, y hasta 3 días para acceder a los servicios de salud en Quibdó.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y ACNUR saludan el esfuerzo de las comunidades indígenas y afrodescendientes para crear una Mesa de Salud en Riosucio, y reiteran que la salud es un derecho humano que debe garantizarse sin discriminación a todas las personas y del grado de dispersión rural donde se encuentran, así como por encima de cualquier interés económico.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia