Como un ataque indiscriminado contra la población civil y una grave violación a las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario (DIH), calificó el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, los hechos criminales que arrojaron un saldo de cuatro personas muertas y 11 heridos, como resultado de un ataque perpetrado por presuntos integrantes de las FARC a un bus de pasajeros intermunicipal en el sector de Altaquer y Ospina, localizado en el piedemonte costero del departamento de Nariño.
Según información allegada a la Defensoría del Pueblo, una columna de las FARC que opera en esa zona, instaló un retén ilegal en la localidad de Altaquer y Ospina, reteniendo los carros que transitaban en la vía que conduce de Barbacoas a Tumaco. El conductor del bus intermunicipal -según se informó-, no acató la orden de detenerse y los presuntos guerrilleros dispararon ráfagas de fusil contra el vehículo, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a 11 más heridas (entre ellos tres menores de edad y una señora en estado de embarazo).
Un monitoreo reciente del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, indica que en el piedemonte costero nariñense operan varios grupos armados ilegales, como las FARC, las Águilas Negras y los Rastrojos, que son responsables de actos de violencia, desplazamiento forzado, homicidios, masacres y amenazas contra la población civil.
El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, sigue expresando su preocupación ante la crisis humanitaria que se vive en la costa pacífica del departamento de Nariño y considera que las autoridades competentes deben hacer mayores esfuerzos para prevenir violaciones masivas a los derechos humanos en particular de la población indígena y afrocolombiana que habitan la zona.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo calificó la muerte violenta de los cuatro civiles y los 11 heridos, como un atentado grave contra las normas protectoras del DIH que tiene por propósito sustraer a la población civil de los rigores de la confrontación armada. «Esta acción vandálica demuestra que sus responsables no tienen ningún respeto por la vida humana. Las autoridades deben adoptar medidas eficaces de protección de la población civil y judicializar a los responsables de este hecho criminal», expresó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia