La muerte violenta del campesino Diego Sney López (22 años), quien fue ejecutado delante de su madre el pasado 18 de marzo por cerca de 20 integrantes del autodenominado grupo armado ilegal «Las Rocas del Sur», de «Los Rastrojos», en la vereda Santa Rosa (Nariño), fue condenada hoy por el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz.
De acuerdo con información allegada a la Defensoría del Pueblo, el pasado 18 de marzo, a las 10:00 de la mañana, aproximadamente 20 integrantes del grupo «Las Rocas del Sur», incursionó en la vereda Santa Rosa, corregimiento de Santacruz, municipio de Policarpa; luego llegaron a un billar en el que golpearon a varios jóvenes que se encontraban en el lugar.
Según denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, los integrantes del grupo armado ilegal, que se identificaron como «Las Rocas del Sur», portaban uniformes nuevos y armamento de largo alcance.
Diego Sney Delgado López, quien se dedicaba a labores agrícolas en la vereda Santa Rosa, fue golpeado con la culata de un fusil que le causaron heridas en su rostro con la parte plana de un machete, al tiempo que fue señalado de pertenecer a la guerrilla. Luego lo fusilaron delante de su madre y de la comunidad. Posteriormente, le quitaron los celulares a los presentes para evitar comunicación con las autoridades.
El Defensor del Pueblo sostuvo que este hecho repudiable requiere de una investigación inmediata por parte de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte violenta del joven agricultor, así como a la captura de sus responsables.
Prevención del riesgo
El Defensor señaló que de acuerdo con la Nota de Seguimiento Número 017 de 2011, el autodenominado grupo armado ilegal «Los Rastrojos», viene imponiendo controles en los municipios del piedemonte nariñense como Policarpa, Cumbitara, Los Andes Sotomayor, La Llanada, Samaniego y Santa Cruz – Guachavez, mediante la instalación de retenes ilegales, la ejecución de castigos y asesinatos, el pillaje y saqueo a viviendas, el desplazamiento y la desaparición forzada de personas.
«Los habitantes de estos municipios temen poner en conocimiento de las autoridades tales hechos de violencia por temor a las retaliaciones de ese grupo armado al margen de la ley. Por ello instamos a las autoridades del orden nacional y regional a que adopten medidas efectivas para disuadir y mitigar el riesgo de violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de los habitantes asentados en esta región del país», señaló el Defensor del Pueblo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia