Las llamadas «bandas criminales» aparecen como responsables en 65 situaciones advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría. Por segundo año consecutivo, los grupos posdesmovilizados de las Autodefensas, conocidos por las autoridades como «bandas criminales», aparecen como los principales responsables del reclutamiento ilícito de menores en Colombia.
Así lo refleja el más reciente informe elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que luego de 45 informes de riesgo y 29 notas de seguimiento realizados durante 2013 y 2014, sitúa el fenómeno en 130 municipios de 26 departamentos.
Es así como las Autodefensas Gaitanistas, los Rastrojos y sus estructuras aliadas como La Empresa, al igual que los grupos que tienen presencia en los Llanos Orientales como los autodenominados Bloque Meta y Bloque Libertadores del Vichada, aparecen en 65 situaciones advertidas por la Defensoría.
Las guerrillas de las Farc y el ELN figuran como responsables del reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes en 51 y 22 situaciones de riesgo, respectivamente, coincidiendo en regiones como Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca.
La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas y la Delegada para los Derechos de la Niñez y la Juventud, ha identificado al menos cuatro modalidades predominantes de vinculación forzada a las organizaciones ilegales, como son:
– El empleo de la fuerza y la violencia.
– Amenazas directas a la víctima y a su familia.
– Engaño mediante falsas promesas de trabajo, obsequios e invitaciones.
– Introducción al consumo de sustancias estupefacientes, mediante el acercamiento de otros menores ya vinculados a los grupos armados ilegales.
Sin embargo, más recientemente y a través de un estudio en terreno, la Defensoría logró evidenciar una nueva práctica, conocida como el «secuestro exprés de jovencitas», mediante el cual niñas y adolescentes son raptadas bajo intimidaciones a sus familiares, a fin de ser instrumentalizadas con fines de explotación sexual, siendo devueltas a sus hogares después de cada situación de abuso a las que son sometidas, para no despertar sospechas y ampararse en el temor que infunden a sus víctimas y allegados. Estos hechos han sido observados en Buenaventura y Risaralda, como lo señaló el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, durante la reciente convocatoria nacional de autoridades para afrontar la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia