Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo fue posible que la Secretaría de Gobierno permitiera el traslado de 47 detenidos de alta peligrosidad a La Picota y otros 212 serán recibidos en la cárcel distrital por delitos menores. En la URI de la Granja en Engativá, se registra un hacinamiento del 255%, ya que actualmente se encuentran 71 personas privadas de la libertad (44 en las celdas y 27 en los pasillos) mientras la capacidad llega a los 20 detenidos.
Luego de visitar varias unidades de reacción inmediata (URI) de Bogotá, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, constató las condiciones violatorias de los derechos humanos en las que se encuentran los detenidos y aseguró que la situación es tan grave que requiere de un plan de choque.
Durante la inspección realizada a la URI de la Granja en la localidad de Engativá, en compañía del Vicefiscal General del Nación, Jorge Fernando Perdomo, el Defensor del Pueblo afirmó que «aunque las celdas de las URI fueron construidas como lugares de paso, donde las personas no podrían estar más de 36 horas, encontramos personas con medidas de aseguramiento que llevan recluidas más de dos meses».
De la misma forma, Otálora Gómez destacó que en celdas que han sido construidas para cinco personas están hacinadas hasta 35 detenidos. En el caso de la URI de la Granja, actualmente se registra un hacinamiento del 255%, ya que actualmente se encuentran 71 personas privadas de la libertad (44 en las celdas y 27 en los pasillos) mientras que su capacidad está diseñada para 20 detenidos.
Para el Defensor, «la situación es desastrosa por donde se le mire, pues los detenidos están literalmente tirados por los pasillo, esposados a las barandas, sillas y demás mobiliario de las URI y no cuenta con las baterías sanitarias necesarias para que los detenidos hagan sus necedades».
Sin duda, el grave hacinamiento que padecen los establecimientos de reclusión en Bogotá, se ha reproducido en las URI. En el caso de la URI de Ciudad Bolívar, llega al 108% ya que su capacidad es para 25 personas y alberga a 52 detenidos. La URI Adolescentes, por su parte, alcanza un hacinamiento del 96%, ya que con una capacidad para 28 detenidos, registra 30 detenidos en celdas y 25 en los pasillos.
«A todas luces esta radiografía habla de un colapso del sistema penitenciario y carcelario del país. En este sentido, la Defensoría del Pueblo, desde el ámbito de los Derechos Humanos, que es su competencia, exige el respeto por la dignidad humana y los demás derechos fundamentales de las personas allí ubicadas, asegura Otálora.
En el mismo sentido se pronunció el Vicefiscal Perdomo, quien reconoció que la situación refleja un fracaso por parte de la justicia en Colombia ya que «el estado colombiano ha fallado en la construcción de una política penitenciaria y carcelaria coherente».
El Defensor del Pueblo destacó que el panorama de las URI en Bogotá nos dista del hacinamiento que ha venido constatando a lo largo de las cerca de 20 visitas a varios centros penitenciarios y carcelarios del país, donde se alcanzan niveles cercanos al 400%, con lo que esta situación violatoria de los derechos humanos (DDHH) no espera la construcción de nuevas cárceles y merece una solución urgente.
«Si bien es problema de orden nacional, en Bogotá está llegando a unos niveles que rebasa cualquier sentido de la lógica. Muestra de eso es que la cantidad de quejas que llegan a Defensoría por este motivo. Aquí hay una violación sistemática de los DDHH de esas personas, quienes a pesar de estar siendo investigadas o tener una medida de aseguramiento no cuentan con condiciones dignas», dijo.
El Defensor es contundente en señalar que lo más indicado es tener un plan de choque, pues las medidas de mediano o largo plazo, como la construcción de cárceles no son la solución. La revisión sistemática del sistema penal tiene que ser revisada ya, así como hacer un trabajo pedagógico a los jueces para que consideren las medidas de privación de la libertad como algo excepcional y no algo corriente, como se está presentando en el día de hoy.
Dada la difícil situación, la Defensoría del Pueblo logró en las horas de la mañana de hoy la mediación ante la Secretaría de Gobierno Distrital para que se permitiera el traslado de 47 detenidos de alta peligrosidad a La Picota y otros 212 serán recibidos en la cárcel distrital por delitos menores.
Sin embargo, más allá de esta medida, el Defensor considera que es necesario adelantar un plan permanente de salud en las URI, mediante las unidades móviles de la Secretaria de Salud; mantener los lugares en condiciones de riguroso aseo, cumplir de manera estricta con la alimentación de los detenidos y recluidos (el Inpec debe hacerse cargo de este aspecto); no obstaculizar las visitas de sus abogados defensores y permitir la visita de los familiares.
Primer informe de hacinamiento en la URI en Bogotá:
http://www.defensoria.org.co/red/usuarios/prensa/images/pdf/1646_1363228088.pdf
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia