Durante el primer recorrido de la Unidad Móvil de Atención y Orientación de la Defensoría del Pueblo, que busca para facilitar el ingreso y cobertura de beneficiarios a la Ley de Víctimas y la Política de Restitución de Tierras (la cual avanza en su segunda fase de ejecución) gracias al apoyo del Ministerio de Justicia y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional (USAID), fueron atendidos 419 ciudadanos en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia, en el departamento de Antioquia.
Del total de asesorías en información, acompañamiento sicojurídico y soporte para el acceso a los procesos administrativos de rigor, 107 personas fueron inscritas de conformidad con la Ley 1448 de 2011, que las acredita como víctimas del conflicto y por ende de los grupos armados ilegales.
De acuerdo con el trabajo de campo realizado durante las últimas dos semanas por los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, se pudo constatar que los delitos más recurrentes en contra de estas comunidades son el desplazamiento forzado, el homicidio, la desaparición forzada, el despojo de tierras, el secuestro, y las muertes violentas de población femenina con signos de tortura y violencia sexual, éste último con mayor incidencia en el municipio de Tarazá.
Llama la atención que varias personas atendidas en estos cuatro municipios de Antioquia se presentaron como víctimas de la masacre de El Aro (en jurisdicción de Ituango), perpetrada el 22 de octubre de 1997 por las Autodefensas, la cual se saldó con 17 muertos, 42 viviendas quemadas y 702 desplazados. En la versión recogida por la Defensoría del Pueblo, los ciudadanos aseguraron no haber formulado denuncias por temor a las amenazas de los actores armados, no obstante la condena que contra el Estado emitió en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde este viernes, la Unidad Móvil de la Defensoría del Pueblo estará recorriendo los municipios de Dibulla, Uribia, Maicao y Riohacha en el departamento de la Guajira, y a partir de enero hará presencia en varias poblaciones de Meta, Cauca y Nariño, para culminar la segunda fase de atención a finales de marzo del próximo año.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia